No, no es que vaya a proponer la repetición de ningún concurso. Sin embargo, el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar revisará de oficio las bases de las últimas oposiciones a la Xunta celebrada en enero y febrero para cubrir 336 plazas al descubrir en una auditoría de la Dirección Xeral de Función Pública que estas bases podrían declararse nulas al quebrantar los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben primar en estos concursos públicos. Todo esto surge en un momento en el que la crisis y el aumento del desempleo ha llenado las academias de aspirantes a un puesto como funcionario.
La clave está en la puntuación otorgada a la experiencia profesional y a la formación previa. Una desproporción que nace de dar una puntuación de hasta el 0,9 al que ha trabajado para el Consorcio Galego de Igualdade y de tan sólo el 0,1 para los que hubieran trabajado para otra administración, incluido cualquier otro departamento de la Xunta de Galicia. En unos tres meses, el Consello Consultivo emitirá un informe vinculante y se sentará con los sindicatos a redactar unas nuevas bases que se ajusten a los requisitos legales si realmente las creadas por el gobierno del Bipartito pueden anularse, algo que en ningún caso afectará a los trabajadores que hayan conseguido la plaza.
Y no son las únicas irregularidades de las que el actual Consorcio culpa al anterior gobierno: Inspección de Trabajo ha levantado un acta en cada provincia al detectar que hay 240 contratos por Obra y Servicio realizados en fraude de ley al no especificar el inicio ni el fin de la contratación por lo que cubre una necesidad continuada con un contrato eventual.
