Hay crisis y recurrimos a todo lo que tenemos a mano para sobrellevarla. Los concellos gallegos han sufrido un incremento exponencial de las peticiones de ayuda de sus habitantes y esperan que 2010 sea peor, ya que se cumplen los 18 meses de los primeros despidos y empiezan a agotarse las prestaciones por desempleo. Y los recortes en los presupuestos no ayudan nada.
Por eso, las políticas sociales son las que mayor porcentaje de presupuesto se llevan a pesar de que gran parte de las demandas ciudadanas no son competencia de los ayuntamientos o lo son pero no tienen transferidos los fondos necesarios. En este momento, todos los concellos disponen de un fondo de emergencia social para ayudar de forma transitoria a quienes lo soliciten en cuestiones como pagar un alquiler o hipoteca en caso de desahucio o los recibos del hogar por un tiempo corto y limitado.
Y los concellos no dan abasto. En Lugo, ante las peticiones de unas 800 personas, este fondo pasó de 80.000 a 160.000 euros, en Santiago se duplicó y en Pontevedra se triplicó. Mientras, un municipio pequeño como el coruñés de Carballo tuvo que refundarlo a mitad de año y ampliarlo 20.000 euro, pasando de 16.000 a 36.000.
También aumentó de forma considerable las peticiones de Renta de Integración Social de Galicia, la Risga, una ayuda de 395 euros que tramitan los ayuntamientos y concede la Xunta para garantizar recursos económicos de subsitencia.
Por todo esto, los ayuntamientos ya están pensando en apretarse los cinturones y “privarse de lo que haga falta” para dar prioridad a los servicios sociales. Y las iniciativas varían en función de la pirámide poblacional de los concellos: municipios envejecidos como el de Ourense, con un 22% de la población mayor de 65 años, optan por ayuda a domicilio para realizar tareas domésticas o hacer la compra, llevar la comida, sistema de lavandería o farmacia a domicilio o un servicio de taxi para trasladarlos al centro de salud.
