La Junta de Personal Docente de Pontevedra suspende al juez de Alcorcón que no otorgó la custodia a una madre porque traería a las menores a Vigo, donde veía como un problema que se las escolarizase en un centro público y en gallego.
Los más de 11.000 profesores que representa la Junta le dan un ‘Muy Deficiente’ en una resolución redactada a modo de evaluación escolar. Su argumento para tal calificación es que “desconoce total y absolutamente” el artículo 3.3 de la Constitución Española, en el que se reconoce la “protección de todas las lenguas oficiales” del Estado. También la Declaración Universal de Derechos Humanos, “toda persona tiene todos los derechos y libertades” sin distinción de su idioma o cualquier otra naturaleza y que el Estatuto de Autonomía de Galicia erige al gallego como “lengua propia” de la Comunidad Autónoma.
El juez argumentó “peligro de desarraigo que se extiende a su ámbito escolar, pues las menores han estado escolarizadas desde hace muchos años” en un colegio privado, para “ahora verse escolarizadas en centros públicos con inmersión en un sistema escolar en lengua gallega”. Así, consideró que el gallego, “no tiene ninguna utilidad práctica”.
