Responsabilidades por las licencias de Finca do Conde. Eso pidió el alcalde hoy a la presidenta del PP local y alcaldesa en el momento en que las mismas se concedieron, Corina Porro, y a su entonces concejal de Urbanismo y hoy portavoz del grupo municipal popular, Chema Figueroa. Abel Caballero hizo esta declaración después de que se haya conocido la sentencia definitiva que declara nulos los permisos de dicha urbanización en la que, además del Centro Comercial, hay dos edificios con un total de 228 viviendas.
“En el PSOE seguimos una regla por la cual los responsables de haber otorgado una licencia ilegal deben dejar la política“, aseguró Caballero, quien indicó que el Concello deberá hacerse cargo de indemnizaciones por más de 300 millones de euros. El alcalde negó que las urbanización pudiese ser legalizada con el nuevo Plan Xeral ya que en este caso “no se actuó de buena fe ya que se concedieron las licencias pese a los informes técnicos desfavorables”, algo que, aseguró le fue confirmado recientemente por el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cárdenas.
Sin mostrar los informes en contra
En sus declaraciones Abel Caballero, que no mostró los informes desfavorables, omitió que el 24 de noviembre de 1999 el gobierno local, al frente del cual estaba el nacionalista Lois Pérez Castrillo, en coalición con el PSOE, recibió un dictamen vinculante del Consello Consultivo en el que se autorizaba a continuar con la tramitación del expediente de Finca do Conde. Tampoco hizo referencia al acuerdo plenario unánime de 3 de diciembre del mismo año que acordó no declarar la nulidad del PEPRI Finca do Conde.
El alcalde no se refirió a la desestimación del recurso de reposición, de fecha 2 de febrero de 2002, contra la anterior decisión, interpuesto por Francisco Castro. No mencionó el acuerdo municipal de 20 de marzo de 2003, cuando Lois Castrillo (BNG) gobernaba en coalición con el Partido Socialista, por el que se concedía licencia de obra para dos edificios de 114 viviendas cada uno en la mencionada urbanización, ni a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 2 de junio de 2004, que denegaba la suspensión cautelar de las obras.
Todas ellas fueron recordadas por el portavoz municipal popular, Chema Figueroa, quien añadió a las mismas a sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de 14 de febrero de 2008, desestimatoria del recurso interpuesto por Aproin, ante la cual, como indicó Figueroa, “se ofrecían dos posibilidades: reformar el Plan Xeral e indemnizar a los perjudicados o esperar a la resolución definitiva del Tribunal Supremo”. El responsable popular indicó que fue el BNG quien propuso esperar la resolución del Tribunal Supremo.
Figueroa señala que no hay tales informes
A todos estos antecedentes, Figueroa añadió un informe de Luciano Parejo en el que secunda la legalización de esta actuación y señaló “que no hay estudios ni autos en contra de la tramitación de las licencias de Finca do Conde”. El concelleiro se preguntó “¿por qué el alcalde se niega a incluir en el orden del día de la Xerencia de Urbanismo el expediente de Finca do Conde?, ¿por qué se ha guardado en el cajón desde hace varios meses la solicitud de la empresa de que las actuaciones en esa urbanización fuesen legalizadas por el Plan Xeral?”
El PP denuncia intereses políticos y denuncia que a Caballero no le importan los propietarios
En opinión del Partido Popular, el alcalde “actúa de mala fe” al impedir la legalización de esta actuación y “sólo con un fin político: atacar a la señora Porro, esto deberían saberlo las más de 1.000 personas que trabajan en esa urbanización y los propietarios de 228 pisos”, afirmó Figueroa.
El líder del PP fue más allá y recordó que “sólo desde que este señor es alcalde, el Concello ha sido condenado a pagar 17.600.000 € por actuaciones en las que ha intervenido su partido” y citó las sentencias firmes de Seragua, por 1,5 millones, de Miraflores, por 12 millones, las Licencias de los Taxis, 1,4 millones, el ámbito Nebrija, 2,2 millones y el de Marqués de Alcedo, por 500.000 €.
Figueroa se mostró “asombrado” de que Caballero pida responsabilidades al Partido Popular y no a su socio de gobierno “que concedió esas licencias o un concejal de su grupo, el señor Calviño que estaba en todos los Plenos y Juntas de Gobierno que aprobaron los temas de Seragua, Taxis, Miraflores y Marqués de Alcedo”.
Por último, sin mencionarlo por su nombre, afirmó que “un miembro del gobierno del señor Caballero se benefició desde la gerencia de una empresa de las obras realizadas en Finca do Conde y sigue haciéndolo: aprovechar su posición política en interés propio y muy pronto lo demostraremos”.
