Julio Fernández Gayoso se jubilará en febrero del año que viene. Si finalmente se aprueba la Lei de Caixas, algo que parece posible que sea pronto ya que hay consenso entre los tres parlamentarios gallegos, los órganos de dirección tendrán que renovarse dentro de dos meses y los estatutos de las entidades en seis. De ello tratará la comisión que se reúne desde esta mañana en el Parlamento de Galicia que iniciará sus trabajos sobre la base del pacto entre PP, PSdG y BNG. El texto está acordado entre todas las fuerzas y establece los 70 años como edad máxima para ser miembro de asamblea o consejo de administración.
Eso sí, la ley dejará abierta la posibilidad de que, si el Gobierno gallego lo cree adecuado, se haga una excepción en el límite de edad para “los efectos de representar a la entidad en fundaciones dependientes“ a personas que hayan ocupado puestos en los órganos de gobierno en el momento de la entrada en vigor de la ley y que “no continuasen en ellos tras la renovación efectuada”, un párrafo que parece hecho a la medida del presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso y también del de Caixa Galicia, el lucense Mauro Varela, que cumple 70 años en 2011.
No hay acuerdo en los plazos ni en la representación
Los socialistas siguen manteniendo discrepancias sobre el plazo para formar los nuevos órganos de Gobierno y la adaptación de estatutos, quieren que este sea más amplio y proponen que se alargue hasta un año, tampoco concuerdan con nacionalistas y populares sobre el sistema de elección y la composición de la asamblea y el consejo de administración y piden que la Xunta sea la que tenga que autorizar inversiones superiores a 500.000 € en las obras sociales.
Asamblea: mayoría, relativa, para los clientes
Si finalmente se impone la mayoría, los clientes tendrán una representación de 30% en la asamblea, es decir, 48 asientos de los 160 totales, el Parlamento designará a 32, los empleados a 16 y las entidades fundadoras, los mismos. Si no hubiese, los correspondientes a estas se reparten a partes iguales, entre Concello (8) y Cámara de Comercio (8). Las entidades representativas (empresarios, sindicatos, consello Económico e social y entidades benéficas señaladas por la Xunta) tendrán 12 representantes cada una.
Por último será el gobierno autónomo quien tenga que autorizar, expresamente, que las cajas puedan optar por un Sistema Institucional de Protección (SIP), lo que significaría, de aprobarse la Lei, que la alternativa planteada por Caixanova a la fusión no tendría posibilidad alguna de realizarse.
