É a segunda vítima de hoxe nas estradas de Galicia
Leer másLos afectados de la PLISAN llevan ya un mes de encierro
500 familias a las que les han expropiado sus propiedades para construir el Puerto Seco de Salvaterra-As Neves (PLISAN) hacen turnos para defender sus derechos
Los tres últimos presidentes de la Xunta han incluido en sus promesas electorales el Puerto Seco de Salvaterra-As Neves y ninguno de los ellos la ha cumplido, ni con los concellos de área de Vigo, que necesitan el medio millón de metros cuadrados de suelo industrial, ni con los vecinos a los que se le expropiaron las fincas para construir la PLISAN.
La historia se inicia en 2004, en tiempos de Fraga, cuando se plantea el proyecto y se inicia la aprehensión de terrenos; el primer problema es que el número de dueños y de fincas no coincide y del número inicial de 4.300 se acaba en 6.328; tampoco se especifica qué va a pasar con los derechos mineros sobre los áridos, utilizados en construcción, que hay bajo las tierras expropiadas: no se detalla si se pagará el mineral que deje de extraerse, a quién o cómo.
El asunto acaba en los tribunales aunque, paralelamente, se negocia con los afectados una posible solución y , en 2007, Touriño, que llevaba dos años al frente del gobierno autónomo hace una propuesta aceptada por los propietarios: cobrarán aquellos que hayan reclamado en tiempo y forma (quienes reclamaron a la Administración y delante de los tribunales) y otra que no lo es: los recursos mineros son de las empresas que extractoras y serán éstas las que deban pagar a los dueños de las fincas.
La Justicia, de su lado
En noviembre de 2008, la Justicia da la razón a los expropiados: existen recursos mineros en toda la PLISAN, los vecinos tienen que cobrar por los mismos y la Administración tiene que incluir ese importe en los expedientes de expropiación. Así se detalla en el convenio que firman con la Xunta, Puerto de Vigo y Consorcio de la Zona Franca en diciembre de 2008. La asamblea de propietarios sólo pone una condición: en lugar de entregarles los 7.700.000 € que se les deben por sus tierras en varios plazos se hará de una sola vez. El gobierno gallego acepta, pero no cumple su parte.
Feijóo toma posesión de su cargo después de que en la campaña electoral una de sus candidatas por Pontevedra, y hoy diputada en el Parlamento de Galicia, Marta Valcarcel, se comprometiese a pagar a los vecinos si su partido alcanzaba la Xunta. Pero el dinero no llega. La Asociación de Afectados se reúne con el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, quien deja el asunto en manos del de Infrestructuras, Agustín Hernández quien, el 25 de agosto, asegura que no ve claro el convenio, que había obtenido el visto bueno de los servicios jurídicos, y pide que un informe legal externo. Semanas después comunica, por carta, a los propietarios que dicho informe no es concluyente y que, de nuevo, solicitará otro a los abogados de la Xunta.
Los vecinos, aprovechando la cercanía de las elecciones autonómicas, presionan, y se manifiestan en actos electorales del presidente Touriño, el vicepresidente Quintana, la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas y la de Ordenación del Territorio, María Xosé Caride. Las movilizaciones surten efecto y en marzo de 2009 el Consello de la Xunta aprueba el convenio que se recoge en un decreto publicado en el Diario Oficial de Galicia, en abril.
Piden ayuda a Marta Valcárcel, Arturo Grandal y Raúl Castro
En este momento, los vecinos deciden acudir a su diputada y a los alcaldes de Salvaterra, Arturo Grandal, y de As Neves, Raúl Emilio Castro, para que hagan valer su peso ante el conselleiro Hernández y el presidente Feijóo. Marta Valcarcel asegura que dará una respuesta a los afectados: esta no llega. Los mismos deciden encerrarse en el Concello de Salvaterra el día 23 de noviembre y Valcarcel asegura que tendrá una solución el día 26, pero no es así. Ella y los dos alcaldes informan que el problema es de Zona Franca, que no está de acuerdo con el pago, aunque la realidad es que las tres entidades recurren el decreto 84/2009 ante el Tribunal Supremo.
Puerto, Zona Franca y Xunta
El pago de las propiedades donde debería de estar ya funcionando la PLISAN se divide entre tres administraciones: la Autoridad Portuaria de Vigo, que debe satisfacer el 60,58% del total, 4.672.245 €; Consorcio de la Zona Franca de Vigo, que asumiría el 21.125%, es decir, 1.629.270 € y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Xunta de Galicia, que tiene que aportar 1.411.005 €, el 18,295%.
Esto es lo que exigen los propietarios y el motivo por el que están encerrados en el salón de plenos del Concello de Salvaterra desde hace dos semanas. ¿Qué ha hecho su alcalde desde entonces? No gran cosa. Al margen de la promesa de que se encerraría con ellos en la consellería, que tendrá ocasión de cumplir el día 17 cuando los afectados viajen a Santiago para hacerse oír en San Caetano, sede de la Xunta, y el Pazo de Raxoi, donde está el despacho del presidente, Arturo Grandal, que ya ha militado primero en el PSOE y luego en el PP, no ha aportado nada más.
Según señalan los encerrados, entra al Concello por el garaje para no tener que verlos y sólo los ha llamado para pedirles que retiraran unos carteles en los que le califican de ‘Ppufero’ y que estaban pegados dentro del consistorio. ¿Qué ha hecho la diputada Marta Valcarcel?, “casi lo mismo”. Los vecinos comentan que no ha cumplido uno solo de sus compromisos. Pese a que sin su voto el grupo popular perdería la mayoría en el Parlamento, no ha conseguido que el pago de las expropiaciones se lleve a Pleno, no ha logrado una entrevista con el conselleiro Hernández, no se ha visto con la presidenta del Puerto de Vigo y tampoco ha obtenido respuesta alguna de la delegada de la Zona Franca.
¿Qué va a pasar ahora?
Los afectados, 500 familias que hacen turnos dentro del Concello, seguirán con su encierro “pasaremos aquí las navidades e invitaremos a Feijóo, a sus conselleiros, a la presidenta del Puerto y a la de Zona Franca”.