JOSÉ MANUEL PENA. La prostitución es considerada el segundo negocio más lucrativo del mundo y el tráfico de mujeres, con fines de explotación sexual, ha ido en aumento en las últimas décadas en España, constituyendo una clara violación de los Derechos Humanos y una versión actual de la esclavitud del siglo XXI. Por eso no resulta extraño leer y ver, en los diferentes medios de comunicación, los innumerables golpes y las redadas contra la explotación sexual, la última de ellas en Andalucía.
Según un informe de la policía judicial de la Guardia Civil española se acredita que entre el 70 y el 90 por ciento de las mujeres que se dedican a la prostitución son extranjeras y la mayoría son víctimas del sistema, víctimas de sus proxenetas y víctimas de sus clientes. Para la UNESCO el problema del tráfico de mujeres y la prostitución es un “problema de consumo europeo” en el que las mujeres del tercer mundo son las víctimas principales.
En España, para proteger a estas personas, el gobierno del estado da cobertura legal, asistencia social y económico a las prostitutas víctimas de la explotación sexual, al ser conscientes de la gravedad del problema. Según datos del Ministerio de Igualdad, España es uno de los principales países de destino de las mujeres extranjeras víctimas de explotación sexual y el 80 por ciento de estas mujeres, que ejercen la prostitución, son víctimas de trata de personas.
