De nada sirvieron las cuatro horas de reunión entre Xunta y Gobierno para llegar a un consenso sobre la Ley de Cajas gallega. El Gobierno de ZP no retirará el recurso a no ser que se modifique la normativa, para lo que se reunirán hoy en sesiones de mañana y tarde en las que intentarán hacer una redacción alternativa de esta ley autonómica. Además, para poder retirarlo tendría que modificarse la Ley de Cajas en vigor desde enero y publicarlo en el Boletín Oficial del Estado.
Aunque el enfrentamiento no es total y las posturas no son tan distintas sobre los 10 preceptos impugnados por el Ejecutivo nacional, por lo que la Xunta ha manifestado su voluntad de realizar matizaciones jurídicas en algunos puntos pero sin desvirtuar la ley. El consenso no está tan lejos, aunque al Gobierno de Feijóo sigue teniendo la espinita clavada sobre el hecho de que otras comunidades tienen textos similares y nadie ha interpretado que se extralimitaban.
Uno de los puntos sobre los que alcanzar consenso es sobre si es necesario marcar una redacción alternativa de los puntos polémicos, como propone el Gobierno central, o simplemente llegar a un acuerdo interpretativo, como mantiene la Xunta. La renovación de los órganos de dirección y la mayoría necesaria para la autorización de las fusiones son los puntos clave por los que el Estado ha decidido interponer un recurso que aún no ha admitido a trámite el Tribunal Constitucional.
Por su parte, la Xunta tiene guardado en la carpeta un recurso contra Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que interpondría ante el Constitucional en caso de no llegar a un acuerdo mañana. Piden una redacción alternativa en un plazo breve de tiempo.
