La conselleira de Sanidade quiere tener sentado a su lado al alcalde el día 3, cuando se reúna por primera vez la Comisión de Seguimiento del nuevo hospital. Y no es que ambos estén de acuerdo en algo de lo que tenga que ver con este proyecto, pero Pilar Farjas cree que el concurso de Abel Caballero es importante, más en un órgano en el que están presentes, además de la Xunta y el Concello está otro ‘amigo’ del alcalde, Rafael Louzán, presidente de la Diputación.
“Que el alcalde de Vigo no sea ni el gran ausente ni el convidado de piedra”, dijo la conselleira, hoy en el Pleno del Parlamento, indicando que en esta reunión se estudiarán las comunicaciones y accesos del nuevo centro, las redes de abastecimiento, conducciones de agua, electrificación o las condiciones de seguridad, previas a los estudios geotécnicos del terreno que “emperzarán próximamente“. Eso sí, no se hablará de cómo se va a pagar la obra, un aspecto en el que las posturas de Caballero son radicalmente distintas de las de Louzán y Farjas, el alcalde quiere que la obra la pague íntegramente la Xunta, mientras que el presidente de la Diputación y la conselleira defienden una financiación privada, en la que varias empresas adelantarán los 300 millones que costará el hospital a cambio de concesiones de 20 años en los servicios de lavandería, seguridad, comunicaciones o restauración.
Con este sistema, aseguró Farjas, se cumplirán los plazos a los que se comprometió el presidente Feijóo, permitiendo que, una vez acabadas las especificaciones técnicas y aprobado el plan de viabilidad, pueda iniciarse la construcción antes de finales de este año.
Socialistas y nacionalistas, en contra
Sin embargo, en esto, Caballero tiene el respaldo del PSdG y también del BNG: su compañero de partido, Modesto Pose, aseguró que el “sobrecoste” del nuevo hospital sería de 1.470 millones cantidad con la que “se podrían construir ocho hospitales nuevos en Pontevedra y dos en Vigo”. Según el diputado socialista, con este planteamiento, los dueños del hospital “serán empresas privadas”.La nacionalista Ana Luísa Bouza, recalcó que este modelo de financiación es de hecho “la privatización” del mismo, lo que, para empezar, continuó, puede poner en peligro los puestos de trabajo, sobre los cuales exigió a la conselleira un compromiso, especialmente con los de los trabajadores no sanitarios, precisamente los que desarrollan las labores que tendrían que asumir las firmas concesionarias.
Farjas indicó que los empleos del personal “asistencial, están garantizados” y adelantó que se convocarán las oposiciones “con las plazas que existen en este momento” y siempre con el visto bueno de los sindicatos.
