Los despedidos del Naval llevan un mes acampados frente a la Xunta sin que nadie les haga caso

Llevan un mes durmiendo en la calle, en el centro de Vigo y después de ser despedidos. El día 1 cuarenta parados del naval plantaron sus tiendas de campaña en los jardines que se encuentran frente al edificio de la Xunta, en Montero Ríos, para incidir en la necesidad de regular un sector en el que “ha desaparecido” la bolsa de empleo negociada por convenio.

 Más medidas  No es la primera medida drástica que los desempleados de este sector toman para hacer visible una situación que ellos mismos califican de desesperada. Esta campaña arrancó a principios de febrero con el encierro en la enfermería de Barreras de 15 ex trabajadores que fueron desalojados por la Policía de madrugada y que al día siguiente tenían montada una manifestación por Beiramar que paralizó la actividad en todos los astilleros.

 El conflicto se recrudecía apenas 10 días después al  encerrarse dos parados en lo alto de una grúa de nuevo de Barreras. Lo hacían después de que 25 personas se encerraran durante una hora en Inspección de Trabajo y salieran de allí con la promesa de que mirarían con lupa los nuevos contratos, algo que creen que no han cumplido.

Su situación contrasta con la necesidad de mano de obra de los astilleros de la Ría. Hace algo más de dos años, el 23 de febrero de 2008, los responsables de la industria anunciaban que disponían de la cartera de pedidos “más abultada de la historia”. Entonces, Barreras difundía que había firmado un contrato de 500 millones de euros con la armadora Armas para la construcción de cuatro ferris; el mismo preveía la entrega de dicho barcos en el período 2009-2013, lo que suponía que, en ese momento, el volumen de negocio de industria naval de Vigo superaba los 2.500 millones de euros “ y garantiza el pleno empleo en el sector”.

Tampoco se han perdido los contratos. O no todos. Los astilleros de la Ría siguen teniendo carga de trabajo, al menos hasta 2013 y siguen necesitando mano de obra, “la prueba está en que hay gente que trabaja más de 12 horas y que las jornadas se prolongan a sábados y domingos”, aseguran los concentrados.Las movilizaciones, a su juicio, sirvieron de muy poco “lo mismo que las promesas de los políticos”, como le hicieron saber el sábado a la delegada de la Xunta en Vigo. Lucía Molares se acercó a hablar con los acampados y escuchó sus argumentos “no están haciendo nada”, le dijeron varias veces, “permiten que estemos tirados aquí sin darnos una solución y sin sentarse a oírnos siquiera”, le espetaron.

Y ello no parece quedarse ahí. Según aseguraron varios de los afectados, las movilizaciones están mermando sus recursos, ¿cómo? Por la vía de las multas que les han puesto por concentrarse delante de sus antiguas empresas. Varios de los concentrados han recibido ya la comunicación por parte de la Subdelegación del Gobierno de que deben pagar entre 500 y 600 € por “alteración del orden público”.

Dicha “alteración” consistió en estar en una acera delante de Vulcano, Freire o Barreras con una pancarta en la mano, exigiendo la readmisión. “Nos pidieron que nos identificásemos para poder multarnos y nada más”, aseguran, “allí no había alteración del orden: la gente podía pasar y no se grito o insultó a nadie”. Quizás el insulto sí sea que en 21 días la única que ha pasado por allí haya sido la delegada de la Xunta, pero no el alcalde, que asegura que pasea habitualmente por la zona y que sí ha recibido a la plantilla de Alfageme; el presidente Feijóo, que la semana pasada estuvo a menos de 50 metros de ellos; los delegados de UGT y Comisiones Obreras, o algún representante del Gobierno Central, “aquí no ha venido nadie, somos invisibles”.