A ellas se refirió esta mañana la presidenta de la Autoridad Portuaria asegurando que ya habían sido acabadas las obras de movimiento de tierras, los estudios jurídicos sobre las indemnizaciones que hay que pagar a los propietarios de las tierras y que pronto se empezaría a humanizar.
Sin embargo la realidad es otra. En el más de millón de metros cuadrados que debía ocupar el Puerto Seco no hay un metro cuadrado urbanizado, ni lugar alguno en el que se pueda asentar una empresa, tal y como anunció Corina Porro. El único proyecto data del 24 de julio de 2008 cuando la Consellería de Vivienda e Solo anunció que había adjudicado las obras de urbanización de los terrenos que posee en la PLISAN por un importe de casi 14,78 millones de euros a UTE Indeza-Covsa, al formular la propuesta que se consideró mejor y más ventajosa, según los parámetros que se buscaban.
Las obras para la urbanización de este millón de metros cuadrados que la Consellería dispone en PLISAN, y en los cuales se pretendía construir unas 100 parcelas de diferentes tamaños, deberían estar terminadas all cabo de 10 meses…de ello hace casi dos años. Las mismas consistirán en la ejecución de las infraestructuras de servicios comunes como redes de abastecimiento de agua potable, red de saneamiento y canalizaciones eléctricas. Destacar que en las obras de abastecimiento de agua, el proyecto fijaba la construcción de una Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), que permitirá disponer de un caudal de 200 litros por segundo.
Con respecto a las indemnizaciones, hace unos días los propietarios, que han constituido la Asociación de Afectados por la PLISAN, levantaron el encierro que mantenían desde el 23 de noviembre de 2009 en el salón de Plenos del Concello de Salvaterra para exigir que se les pagase los 7,7 millones que se les adeudan por la explotación de los derechos mineros. Dicha indemnización, que correspondería satisfacer el Conseorcio de la Zona Franca, Instituto Galego de Vivenda e Solo, dependiente de la Xunta y Autoridad Portuaria de Vigo, no se ha producido. Y ello pese a que había sido aprobado por el Consello de la Xunta en tiempos de Touriño.
Cuando el actual gobierno autónomo tomo posesión cuestionó el acuerdo y pidió la elaboración de un informe jurídico que, como no fue concluyente, dio paso a un segundo en base al cual la Consellería de Infraestructuras decidió no satisfacer las indemnizaciones a la espera de la decisión que tomen los tribunales.
En todo este tiempo, los propietarios no han sido recibidos ni por el conselleiro Hernández,ni por la delegada del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Teresa Pisano ni por la presidenta del Puerto. Precisamente Corina Porro anunció esta mañana que ha encargado a una empresa la elaboración de un estudio de tasas para fijar el coste de los terrenos de dominio público portuario, terrenos que no pueden ser ocupados en la actualidad.
