JOSÉ MANUEL PENA/ Es cada vez más habitual ver como la mayoría de los políticos se alejan de la realidad social y viven de espaldas a los ciudadanos. La actual crisis económica y social pone de manifiesto la prepotencia y chulería con la se adoptan medidas que perjudican los derechos adquiridos de las clases más humildes de la sociedad, mientras que las grandes empresas, entidades financieras y altos cargos públicos mantiene sus privilegios y sus sueldos millonarios a costa del resto del país. ¿Dónde está la responsabilidad política?
Que se hable alegremente de congelar las pensiones, cuando hay millares de jubilados que no llegan a los 500 euros mensuales, o que a los funcionarios mileuristas se les rebajen los sueldos es un síntoma evidente de temor político o claro desconocimiento de lo que se nos avecina cara al futuro. Por qué no se controlan las rentas de capital, se persigue la corrupción, la economía sumergida, las empresas piratas, el dejar de subvencionar a las empresas los despidos objetivos, limitar las subvenciones a empresas fantasmas o mixtas que suscriben acuerdos bilaterales con países poco transparentes o paraísos fiscales, entre otras muchas medidas que contribuirían a que la crisis económica se afronte de una manera mucho más justa y equitativa.
Las crisis va para largo por culpa de que todos nuestros responsables políticos miraron para otro lado y se dedicaron a regalar dinero a las empresas financieras, que eran las encargadas de prestarlo, para enriquecer a algunos miembros de sus consejos de administración. Los más perjudicados de toda esta situación son los de siempre: la mayoría de trabajadores por cuenta ajena (tanto públicos como privados), pensionistas, parados, trabajadores autónomos, inmigrantes, empleadas de hogar…
