El asunto es que no todos a los que ha preguntado han contestado al juez Pedraz, de hecho, el Centro Nacional de Inteligencia, al que el magistrado de la Audiencia Nacional mandó varios requerimientos para que le facilitasen los datos que tuviesen sobre los posibles participantes en el cobro o destino, intermediación o negociación, a nivel nacional e internacional, del pago de casi 3 millones de euros, no ha contestado.
El servicio de inteligencia español ha argüido que esa información es secreta y que su divulgación requiere la previa desclasificación por parte del Consejo de Ministros, algo que, curiosamente, no ha solicitado ni la acusación particular ni la Fiscalía.