La democracia puede recibir un duro golpe en Ecuador si, como ha asegurado su presidente, este decide disolver la Asamblea Nacional. La constución faculta a Rafael Correa para tomar esta drástica decisión, siempre respaldado por el Tribunal Constitucional y en situaciones excepcionales, como que el Parlamento asuma funciones que no le son propias, impida la aplicación de planes de desarrollo o en el caso de grave crisis política en su seno.
A juicio del presidente se está dando este último supuesto porque la Asamblea bloquea “intencionadamente” todas las leyes que el ejecutivo le remite, algo que Correa interpreta como un intento de la oposición de hacerse con el poder “por las bravas, ya que noha ganado ni una elección desde que se constituyó el parlamento“. Si finalmente tomase esta decisión, el presidente ha anunciado que su intención sería “gobernar directamente con el pueblo“, algo que en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), se ve con preocupación y se interpreta como una regresión en la vida democrática de aquel país.
