Promotor de la inmigración ilegal y delito contra los derechos de los trabajadores. Esos son dos de los cargos a los que se enfrentaba un hombre que tenía ofertaba servicios de prostitución en un piso ubicado en la Gran Vía viguesa con mujeres traídas a España para ser explotadas sexualmente. A.P.S. se enfrenta ahora a 8,5 años de prisión, además de una multa de 2.700 euros.
Totalmente documentado, el funcionamiento del prostíbulo, que gestionaba a través de dos empresas fantasma, marcaba unas estrictas normas entre las que se encontraban cuestiones del aspecto de las mujeres o de su comportamiento que se sancionaban con un sistema de multas que iban desde los 50o euros por no realizar servicios especiales que habían sido aceptados a los 1.000 por concertar citas directamente con los clientes fuera del piso.
Junto a él se ha condenado a su compañera sentimental por cómplice con 3 años y medio de cárcel y una multa de 540 euros y a la abogada de ambos por redactar los modelos de contrato de trabajo para traer a las mujeres a España, por lo que tendrá que cumplir dos años de prisión y de inhabilitación. Además tendrán que abonar cuatro indemnizaciones de 7.000 euros a cuatro de las trabajadoras.
