Los plazos fijados para proceder al corte de suministro de luz y agua, además de precintar los edificios de los Apartoteles de Samil se cumplirán. Este sábado, el Concello llevará a cabo todo ello y “si le da tiempo completará el desalojo” de las 61 personas que viven en el inmueble. Así lo ha anunciado el delegado de Urbanismo tras entrevistarse esta mañana con una representación de los 100 propietarios del inmueble.
José Mariño ha recordado que el Concello es “sólo un ejecutor subsidiario” de la sentencia judicial que ordenó la demolición del edificio por no ajustarse a la normativa municipal. “No tiene licencia para viviendas, en todo caso, si se concediese sería para apartamentos turísticos, en los que no se periten residentes habituales”, reiteró Mariño una y otra vez.
El presidente de la comunidad ha pedido al gobierno local que no siga adelante con los cortes y el precintado hasta que se resuelva el recurso de casación presentado por los propietarios ante el Tribunal Supremo, a lo que Mariño ha contestado que “no es posible puesto que estamos obligados por una sentencia judicial a seguir adelante”. Por su parte, la representación de los propietarios le ha comunicado que antes del viernes llegará al Concello una orden judicial de paralización “orden que el Ayuntamiento cumplirá, si es así, como hemos cumplido todas las demás”. Eso no significa, subrayó Mariño, que sea posible una legalización en este corto espacio de tiempo ”eso es imposible”, subrayó y volvió a repetir que, en todo caso, dicha licencia sería exclusivamente para apartamentos turísticos “en ningún caso para viviendas”.
Para acometer el derribo, la administración local tendrá que presupuestar un montante de 2 millones de euros que, en su momento, serán repercutidos al centenar de propietarios del edificio que pagarán la misma de acuerdo con el porcentaje que tengan en las escrituras del inmueble. Sin embargo este sí que no será inmediato “dadas las dificultades que tenemos para identificar a cada uno de los dueños, puesto que los datos de los pisos inscritos en su momento no coinciden con los actuales: y este trámite es previo a la demolición”, aclaró el responsable de Urbanismo. En todo caso, se tardará un mínimo de dos meses, siguiendo los plazos legales para las notificaciones correspondientes, tiempo que no afecta “en absoluto” a la orden de precintado y desalojo que se cumplirá este mismo sábado, día 29.
