12.000 millones de euros, que se dice pronto. Es lo que deben las administraciones públicas españolas a los autónomos y microempresas, una deuda directa en la que en la mayoría de los casos el moroso es el gobierno autonómico o municipal por los problemas de financiación que llevan arrastrando desde la llegada de la crisis. Aunque la cifra sube hasta los 40.000 millones si se cuenta la deuda contraída por las administraciones con las empresas a las que adjudican obras o proyectos.
La Asociación de Trabajadores Autónomos asegura que esa es la principal causa de quiebra de muchas pequeñas empresas, que ven cómo la falta de pago del proveedor principal impide a su vez hacer frente a los pagos pendientes. De esta deuda, el 63% es de nivel estatal, el 28% autonómico y el 8% local.
La Ley de Morosidad poca cabida tiene en estos casos, ya que el pago a proveedores en 50 días estipulado por la norma no se cumple. En este momento, según revelan desde ATA, las administraciones municipales están pagando a 158 días, más de cuatro meses.
