JOSÉ MANUEL PENA/ En épocas de crisis económica los que más padecen las consecuencias son las familias humildes. Estas son las víctimas propicias de los desahucios gracias al fraude hipotecario generalizado y a las cláusulas contractuales abusivas. La mala regulación del sistema bancario hace que no sólo corran el riesgo de perder sus casas y quedarse en la calle, sino también de mantener parte de la deuda, ya que ahora las entidades financieras están tasando las mismas viviendas a precios inferiores.
La triste realidad es que hay miles de familias en situaciones dramáticas, sin poder pagar la hipoteca o a punto de dejar de pagarla. Muchas están ya en fase de ejecución hipotecaria, por lo que temen ser desahuciadas, en los próximos meses. Estas familias endeudadas han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un empleo y los intereses se lo han permitido. Los bancos, ante el estallido de la crisis, no han dudado en exigir dinero público y luego dejarse llevar por la especulación inmobiliaria.
Estas situaciones son inadmisibles e intolerables para un estado social y democrático de derecho, mientras existen millones de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social por eso los poderes públicos (gobierno central, autonómico y local) son cómplices de la vulneración de estos derechos básicos contemplados en el artículo 47 de la Constitución: “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada…”, así como el artículo 25 de la declaración de los Derechos Humanos:” toda persona tienen derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure… la vivienda…”.
