No siempre las cosas se consiguen por las malas. Como ejemplo, un botón: Islandia. Con poco más de 331.000 habitantes, el pueblo ha hecho dimitir a un gobierno al completo, nacionalizaron los principales bancos, no se ha pagado la deuda que las entidades bancarias han contraído con Gran Bretaña y Holanda por su mala gestión y, lo más importante, ha creado una asamblea popular para reescribir su Constitución. Y todo de forma pacífica.
Todo comenzó en 2008 al dispararse el pánico financiero: los activos de los bancos se impulsaron hasta los 209.000 millones de dólares, 11 veces el PIB del país y el gobierno, en lugar de inyectarles miles de millones, decidió que suspendiera pagos. Nacionalizó el principal banco en un momento en el que la moneda se desploma, la bolsa suspende su actividad y el país entra en bancarrota.
A diferencia de Estados Unidos o de Irlanda, no se dio cobijo a la élite política y financiera. Las protestas ciudadanas ante el Parlamento consiguieron que se convocaran elecciones anticipadas y que todo el Gobierno dimitiera en bloque y el entonces primer ministro, Geir Haarde, ahora se enfrenta a los tribunales. Estamos en el año 2009. El país continúa en una pésima situación económica y se propone una ley para devolver la deuda a Inglaterra y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros que saldrían de los bolsillos de los islandeses durante 15 años. Pero la gente vuelve a salir a la calle para someter la ley a referéndum: el 93% dice que no.
Y en este contexto de caos financiero y de crisis se elige una asamblea popular para que se redacte una nueva Constitución que recoja todo lo aprendido, 25 ciudadanos sin ningún tipo de filiación política elegidos entre 522 candidatos voluntarios que sólo debían pasar dos requisitos: ser mayor de edad y tener el apoyo de al menos 30 personas. La nueva Constitución, una copia de la danesa que recogerá las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebrarán por todo el país. Luego deberá ser aprobada en el Parlamento.
Una lección de democracia que culminan dos años de ajustes con intervención del FMI incluida, pero que ha ayudado a salir a Islandia de la recesión y a tener previsiones de crecimiento de un 3% este año.
