Lo que para el resto de los ciudadanos puede implicar consecuencias en su vida laboral o social, no parece afectar a quienes concurren a un cargo público. El estar acusado de un delito o implicado en alguna causa judicial, no ha impedido a los principales partidos políticos designar como cabezas de cartel a personas que ven cuestionada su honradez. En el caso de Galicia, que junto con Andalucía, Canarias y Valencia, es la comunidad en la que más imputados se presentan para alcaldes, hay 10 cabezas de cartel imputados por distintos delitos, desde regularidades urbanísticas, pasando por corrupción o prevaricación.
El PP y el PSOE son los que más candidatos ‘acusados’ presentan, aunque también los hay del BNG y de otros partidos menores o formaciones de independientes.
El caso más sonado es el de los implicados en la ‘Operación Orquesta’, que investiga una supuesta trama de corrupción que ha llevado a la carcel, al menos durante unos días, a los alcaldes de Fisterra (A Coruña), José Manuel Traba, y de Mazaricos (A Coruña), José Manuel Santos, y al de Cee, Ramón Vigo, algo que no ha impedido que el PP haya presentado a los dos primeros como candidatos a la reeelección (el tercero lo hará como independiente). A ellos se suman en A Coruña, el alcalde de Ares, Manuel Cendán, que tendrá que comparecer en la justicia acusado de inflar el padrón para las elecciones de 2003.
No son los únicos casos, en la provincia de Pontevedra los populares optan a las alcaldías de Portas y Baiona con Roberto Vázquez Souto y Jesús Vázquez Almuiña, el primero imputado por un delito de falsedad en documento mercantil y otro contra la hacienda pública y el segundo por prevaricación.
Tampoco PSdG y BNG están libres de ellos. En Muxía, su alcalde, el socialista Féliz Porto debe responder por fraude; en O Grove su compañero de partido, José Antonio Cacabelos, está imputado por prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y tráfico de influencias. En una situación similar está el también socialista José Manuel Rey, alcalde de Caldas, imputado por un supuesto delito de desobediencia y Juan José Díaz Valiño, de Castro de Rei, Lugo, que llegó a ser detenido por adjudicación irregular de obras subvencionadas, como las del ‘Plan E’ o el Plan de Obras y Servicios de la Diputación de Lugo.
A ellos se une el nacionalista Xaquín García Couso, quien buscará ser reelegido tras ser condenado a seis meses de inhabilitación por no ejecutar un derribo de un edificio.
