Tras haber dado órdenes a la Abogacía del Estado para que impugne las listas de Bildu, este organismo y la Fiscalía han pedido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el informe realizado por la Policía sobre Bildu, integrado en la investigación que el mismo sigue sobre Batasuna. El mismo contendría el acuerdo ‘Herri Acordioa’, al que llegaron Eusko Alkartasuna, Batasuna y Alternatiba para la creación de esta coalición de cara a las Elecciones Forales y Municipales del 22 de mayo. A ellas se suman las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación a Batasuna y en las que se tendría conocimiento del contenido exacto de las negociaciones y pactos para la creación de Bildu.
La petición de dichos documentos es el paso previo para solicitar la impugnación de las candidaturas, una petición que se basa en el hecho de que Batasuna, una organización ilegalizada por no condenar el terrorismo, ha tenido participación directa en ello y es el único camino, tal y como han entendido PP y PSOE y acordaron en una reunión su portavoz de Justicia, el ex ministro Trillo, y el vicepresidente Rubalcaba, para evitar que sujetos vinculados a ETA lleguen a las instituciones. En la misma reunión, como declaró el responsable popular, se puso de manifiesto la imposibilidad legal de dejar fuera de la ley a una coalición, por lo cual se eligió el camino de impugnar las candidaturas.
Estas, de acuerdo con la información de la Guardia Civil y la Policía Nacional, a las que se les ha encargado un nuevo informe sobre Bildu, siguen un esquema parecido al que utilizó Sortu: incluyen personas fácilmente identificables por el electorado de la izquierda abertzale vinculadas o que han estado afiliadas o desempeñado cargos públicos como representantes de la ilegalizada Batasuna.
