JOSÉ MANUEL PENA/ La violencia machista supone una vulneración de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como es un impedimento a la plena ciudadanía de las mujeres, a su autonomía y libertad de decisión. En los cuatro primeros meses del año veinte mujeres ya fueron asesinadas a manos de sus parejas y la voluntad política de luchar contra la violencia de género se está quedando en eso, en mera voluntad.
La Ley Integral contra la violencia de género del año 2004 se queda en papel mojado sino se dota de los correspondientes recursos materiales, humanos y económicos suficientes para mejorar la protección de las víctimas de violencia de género, evitando así la indefensión en la que se encuentran muchas mujeres, ante la carencia de medidas cautelares, como la orden de alejamiento o de protección que requieren ante los insultos, vejaciones y todo tipo de desprecios de que son objeto, por parte de sus parejas, máxime cuando hay hijos de por medio.
La alarma social y el rechazo colectivo a este tipo de violencia es evidente en nuestro país, pero las víctimas, en demasiadas ocasiones, se encuentran sin las ayudas sociales necesarias para seguir adelante con sus vidas y no depender de la caridad de algunas ongs. Cierto y justo es reconocer que es muy difícil demostrar la violencia psicológica y así muchas mujeres son víctimas del sistema y hasta que no recaiga una resolución judicial, que se puede demorar meses, no pueden recibir las ayudas económicas de la renta activa de reinserción, aunque carezcan de trabajo o tengan dificultades para encontrarlo y de cualquier oto tipo de renta o ingreso económico. Ahora los responsables públicos tienen la última palabra sino queremos sumar más víctimas inocentes.
