Que paguen un ‘impuesto’ por despedir a mayores de 50 años. Eso es lo que quiere el Gobierno que hagan las empresas de más de más de 500 trabajadores y que, pese a haber tenido beneficios en los dos últimos años, realicen expedientes de regulación de empleo (ERE) que afecten a trabajadores de esa edad. Se trataría de que efectúen una “aportación económica” al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo.
Dicha iniciativa está incluida en una enmienda presentada por el PSOE al proyecto de Ley de Reforma de las Políticas Activas de Empleo, en la que se plantea que dichas aportaciones se destinen a generar créditos para financiar la recolocación de los empleados de más edad. Para determinar la cantidad que deben pagar esas empresas, se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social.
