Los católicos no deben de obedecer la Ley de Muerte Digna. Así lo ha pedido la Conferencia Episcopal Española (CEE), que ha aprobado la ‘Declaración con motivo del proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida’ en la que afirma que la esta norma no debe ser obedecida, y que debe intentarse su abolición, modificación o no aprobación.
“Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es más, esas leyes ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban. Es necesario denunciarlas y procurar, con todos los medios democráticos disponibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas”, señala el documento.
El secretario general y portavoz de la CEE ha recalcado en rueda de prensa que la norma “no es una ley justa” y que, por tanto, “no obligaría a su cumplimiento si no se modifica“. Juan Antonio Martínez Camino ha asegurado que esto no quiere decir que la Iglesia Católica rechace la democracia sino que “justamente está ejerciendola de manera fundamental”.
En el mismo documento, los obispos piden que se reconozca y garantice el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios que se vean implicados en “situaciones que conlleven ataques legales a la vida humana” y rechazan que “desaparezca el criterio de la ‘lex artis’ o buena práctica médica como límite a la absoluta autonomía del paciente terminal”.
