JOSÉ MANUEL PENA/ El furtivismo es una lacra social demasiado insertada en la sociedad arousana, desde hace décadas. La Ría de Arousa, no hace mucho tiempo, era un auténtico polvorín en manos de un numeroso grupo de auténticos profesionales del furtivismo pesquero. Ahora quizás por la actual crisis económica y de empleo recobra fuerza como una manera de ganarse la vida, fuera de los cauces legales, y poder sacar adelante a muchas familias humildes. No obstante esto nunca puede ser un argumento para justificar este tipo de terrorismo pesquero que sume en una clara precariedad económica y social a muchos marineros y mariscadores asociados a las cofradías arousanas.
El furtivismo debería ser abordado de una manera global, teniendo en consideración todos los factores que lo provocan. Desde la necesaria colaboración entre las diferentes administraciones y organismos públicos así como la revisión de ciertas autorizaciones administrativas, concesiones y permisos de explotación otorgados a los afiliados de los mismos positos y entidades pesqueras para favorecer el acceso de más jóvenes, que están en paro, a la actividad extractiva, inculcándoles la filosofía de la preservación y extracción racional de los recursos. Así como un empuje definitivo a la comercialización de las diferentes especies, por parte de las propias organizaciones de productores, para generar más empleo y obtener una mayor rentabilidad.
Todos sabemos, aunque algunos no quieran reconocerlo, que hay furtivos por necesidad (personas en paro, con prestaciones de 420 euros o sin ningún tipo de salario) y otros que se dedican a engrosar su patrimonio particular a costa de la colectividad, utilizando todo tipo de medios para conseguir ese fin, de ahí el temor justificado de muchos mariscadores que se acercan a las playas cada día.
