La decisión la tiene en su mano Pierre Gianni, director de la PSA Peugeot Citroën en Vigo. Y no parece muy complicada: simplemente tiene que autorizar que en un C8 se instale un mecanismo que desactive el airbag, algo que se ha negado a hacer. Ello es imprescindible para que Casilda Miguel García, que mide 1,12 metros y pesa 33 kilos, (características físicas de una niña de 11 años), pueda comprar este modelo. Las características físicas de Casilda no le han impedido conducir desde hace 24 años, además está dispuesta a pagar los 36.000 € que cuesta este vehículo ya adaptado para ella, es decir con capacidad para llevar una silla de ruedas eléctrica y con los mandos preparados para que pueda manejarlo.
El problema es que todos los vehículos nuevos llevan por seguridad un airbag de conductor, que es necesario anular para que, en caso de colisión, no cause daños graves, e incluso la muerte, a una persona de la estatura y peso de esta madrileña. Esta modificación está autorizada por el Ministerio de Industria, al que se ha dirigido Casilda y desde el cual, con salida desde el gabinete del ministro Sebastián, se le confirma dicha posibilidad, se le facilita la normativa vigente, que indica que es legal incorporal al coche un mecanismo de activación/desactivación del airbag, aunque se le indica que debe ser autorizado con la firma del constructor. “Esto es así para que el comprador no tenga complicaciones a la hora de pasar la ITV”, y, por ello, “me dirijo al el distribuidor de Citroën en San Sebastián de los Reyes, quien se lo comunica al director de Citroën en Vigo, quien, desde su oficina de su gabinete, comunica que no se firma ninguna excepción”. A juicio de Casilda, esta decisión es discriminatoria, ya que le impide que, pese a abonar el precio del coche, pueda comprarse este modelo, algo al alcance de cualquier ciudadano de este país.
