Este martes la concelleira de Benestar ha ratificado que el Concello dejará de emitir informes que necesitan los inmigrantes para tramitar su residencia, regularización de menores o solicitar reagrupamientos familiares, una labor que hasta ahora estaba haciendo la Oficina de Inmigración Municipal (OMI), atendida por personal especializado en la materia. El motivo esgrimido para ello es que la Xunta ha ofrecido firmar un convenio dotado con 50.000 €, la misma cantidad que se ha ofrecido al resto de las grandes ciudades y que Isaura Abelairas considera insuficiente, puesto en Vigo hay muchos más inmigrantes que en otras ciudades, un número que la concelleira situó en 17.000.
Sin embargo, esta redacción ha podido constatar, en varias asociaciones, que las palabras de Abelairas carecen de base. En ellas se nos ha dicho que “no todos los inmigrantes acuden a la oficina municipal, por lo cual manejar ese dato para justificar esta medida es demagógico” y que el cierre de esta oficina “porque se trata de un cierre, esta basado sólo en motivos políticos y no prácticos”. Y para ratificarlo esgrimieron los datos de la misma concellería, de acuerdo con los cuales, han bajado el número de consultas en un año, de 1004 en 2009, se ha pasado a 821 en 2010; también el de expedientes, de 853 a 679. De estos, más de la mitad, 375, son de arraigo social, seguidos de reagrupación familiar y regularización de menores y el año pasado 351 de las más de 1.000 personas que consultaron su situación a la OMI, estaban en situación ilegal.
Para los responsables de estas asociaciones, quienes sufrirán las consecuencias de esta decisión serán quienes quieran regularizar su situación, solicitar o renovar su residencia o pedir un reagrupamiento familiar, puesto que tendrán que hacerlo, desde ahora, en la delegación de la Xunta, “cuando en el Concello el personal de la Oficina de Inmigración estaba al tanto de cada caso y de cada expediente y conocen perfectamente la situación de la mayoría de quienes acudían allí”.
Sobre la norma que establece que es el gobierno autonómico, por medio de la Secretaría Xeral de Inmigración la competente para gestionar esos informes, vigoalminuto ha podido comprobar que es así, pero que la misma permite hacer una delegación a los órganos municipales competentes, por lo cual el argumento esgrimido por Isaura Abelairas de que los informes emitidos por la OMI podrían no ser legales “demuestra una pasmosa falta de conocimiento del tema”.
Asimismo, estas mismas asociaciones han criticado los recortes que la Xunta está haciendo en bienestar, en general y en este aspecto, en particular, “llevan bajando las cantidades cada año desde que llegaron al gobierno”, aseguran, al tiempo que critican el “escasísimo interés” en lo que se refiere a este colectivo en concreto.
Sin embargo, han destacado que esto no justifica la postura del gobierno local, “si tienen que poner 30 o 40.000 €, además de los que dé la Xunta, que lo hagan, tienen de sobra de donde sacarlos, este es un servicio público y no puede dejar de prestarse de la noche a la mañana”, concluyen.
