Hasta ayer a última hora, a través de un periodista que estaba en el exterior de la penitenciaría de Jackson, en el estado de Georgia, esta redacción ha seguido la suerte de Troy Davis, condenado a muerte por el asesinato del agente Mark MacPhail en 1989. Hasta 5 horas después de pasada la hora señalada para su ajusticiamiento, creímos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos aceptaría el recurso presentado por los abogados de Davis. No fue así. Los nueve magistrados del mismo rechazaron la apelación, sin tener en cuenta que siete de los nueve testigos clave del juicio se retractaron de su declaración, varios señalaron que no había sido Davis, otros indicaron que fueron coaccionados por la Policía y no han aparecido pruebas físicas que lo vinculasen con el crimen.
A estas circunstancias se une el hecho de que más de 1 millón de personas, diferentes gobiernos y hasta asociaciones estadounidenses favorables a la pena de muerte, han rechazado este ajusticiamiento ante la abrumadora cantidad de dudas sobre la participación de Troy Davis en la muerte de MacPhail, pese a lo cual, ha sido ejecutado.
Este hecho pone de manifiesto el absoluto desprecio de la justicia estadounidense por los derechos humanos, los mismos que esgrime su gobierno, presidido por un Premio Nobel de la Paz, para intervenir militarmente en países como Irak, Afganistán o Libia, y a los que agarran para justificar la existencia de un campo de concentración en Guantánamo,el bloqueo a Cuba o las sanciones a Siria,Venezuela o Irán, todo ello con la complicidad de ‘democracias’ como las de la Unión Europea, que sólo ejercen de palmeros condenando la agresión a los derechos humanos cuando la misma la ejercen musulmanes, coreanos, pakistaníes, somalies, cubanos o haitianos, pero no cuando quienes lo hacen son estos tipos: John Roberts, Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Clarence Thomas, Rth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Samuel Alito, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
