Eso asegura el grupo municipal popular que hoy ha indicado que los proveedores reclaman, desde hace seis meses, 3 millones de euros en facturas sin pagar. Son, según el concelleiro Antonio Bernárdez, de trabajos realizados a principios de este año y que el gobierno local pretendería incluir en los presupuestos para 2012, después de que las mismas pasasen por la Xunta de Goberno Local siendo tramitadas como reconocimientos extrajudiciales. Ello supone, recalcó el edil de la oposición que si los presupuestos no se aprueban, las facturas seguirán pendientes.
En opinión de Bernardez, es intolerable que el gobierno local, que tuvo 150 millones de euros para poder invertir, “se permita el lujo de deteriorar la economía de pequeñas y medianas empresas que realizaron los trabajos que se adeudan” y tachó de mentira la liquidez económica de la que ha presumido la concelleira de Facenda, Raquel Díaz.
El concelleiro popular cree que los acreedores podrían verse aún más perjudicados si hay que prorrogar los presupuestos municipales que, subrayó, ya no están cumpliendo los plazos legales, puesto que el 15 de septiembre deberían de haberse elaborado los de los organismos autónomos, y el 15 de octubre, “de acuerdo con la Ley Reguladora de Haciendas Locales” tendría que haberse presentado el presupuesto general del Concello.