La Fiscalía Anticorrupción apunta a que tanto el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, como quien fue su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, urdieron un entramado societario cuando ambos estaban al frente de esta entidad a fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía el mencionado instituto. Para ello, indica la Fiscalía, fijaban precios “totalmente desproporcionados” por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo “trabajos ficticios”.
Estas palabras están en el auto dictado por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, para ordenar la entrada y registro de varias de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros que el Govern presidido por el popular Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.
Pese a ello, y a que el marido de la Infanta Cristina, no ha podido justificar el destino de más de 1 millón de euros, la Fiscalía Anticorrupción descarta, por el momento, imputar a Iñaki Urdangarín, hasta que no se haya analizado toda la documentación incautada durante los últimos días en los registros llevados a cabo en Barcelona en sociedades vinculadas al Instituto Nóos, y la información solicitada a la Conselleria de Presidencia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de la Comunidad Valenciana.
Tras finalizar dicho análisis, se tomarán en cuenta las declaraciones de los testigos y, a la vista de todo ello, Antcorrupción tomará una decisión sobre la imputación del yerno del Rey. Por su parte, la Casa Real, ha declinado hacer declaraciones sobre el asunto recalcando que no se pronuncia sobre “asuntos judiciales en curso”.
