Un año después de que la Xunta prohibiese, primero, la venta de pinos procedentes del Concello de As Neves, después, la erradicación de 700 hectáreas de estos árboles y, por último, la inmovilización del comercio de madera en 20 kilómetros a la redonda, ha empezado a indemnizar a los afectados.
La empresa pública de Transformaciones Agrarias (Tragsa), perteneciente a los Ministerios de Medio Rural y Hacienda, ha empezado este martes a entrevistarse con los propietarios de las fincas y montes donde fueron talados los pinos aquejados por el nematodos. Previamente, habían recibido en sus casa una carta en la que se señalaban sus fincas, el número de árboles en los que se detectó la plaga y la indemnización que les corresponde.
El proceso, como ha indicado el alcalde de As Neves, ha empezado por la comprobación del catastro que, “en muchos casos, contiene errores o está desactualizado y que es necesario verificar”. Para ello, los vecinos, en su mayoría de las parroquias de Taboexa y Leirado, han sido citados a varias entrevistas, que se están llevando a cabo en el Centro Cultural de Taboexa, cedido por el Concello como oficina “en la que trabajan, desde este martes, tres técnicos de Tragsa y dos de la Xunta”, comenta Raúl Emilio Castro.
Las entrevistas, que se espera que estén terminadas a finales de diciembre, se realizan de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y en ellas deben presentar la documentación que acredite la propiedad de las tierras en las que estaban los pinos y, en su caso, “dado que en muchos casos los dueños de las fincas viven fuera de España, se trata de personas enfermas, o de propiedades que proindiviso”, adjuntar la correspondiente autorización en un modelo oficial, para que puedan realizarse los trámites correspondientes.
Una vez finalizados los mismos y revisada la documentación, se dará la orden de pago, tras una gestión que el alcalde nevense cree que, como la llevada a cabo en su día para controlar esta plaga, algo en lo que, subraya “ha sido esencial la colaboración de los vecinos”, ha sido lo más ágil y rápida posible, puesto que, “pese a las evidentes dificultades y a la situación económica que vivimos” habrá una solución en apenas doce meses.
