Galicia

Blanco comparecerá el jueves ante el Supremo, a petición propia

No ha querido esperar a que el Tribunal Supremo lo cite y, por ello, el ex ministro de Fomento, ha pedido prestar declaración ante en la sala que investiga la ‘Operación Campeón’. José Blanco solicitó declarar voluntariamente en un escrito presentado ante el Supremo el 5 de enero en el que solicitaba poder conocer “la demanda, querella o actuación judicial de la que resulta la imputación, y además que se le permitiera conocer las actuaciones e instar a la práctica de diligencias y “cuanto a su derecho convenga”.

“Estoy satisfecho de que el Tribunal Supremo haya accedido a mi petición”, ha asegurado el aún vicesecretario general del PSOE,quiero que se disipen cuanto antes las falsas acusaciones vertidas contra mí. Y por eso pedí declarar voluntariamente sin necesidad de que se solicitara la preceptiva autorización al Congreso de los Diputados”.

Quince personas han sido detenidas ya en relación con esta trama, empezando por el conocido farmacéutico Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, estos últimos en libertad con cargos, por su supuesta vinculación con una trama para defraudar subvenciones públicas. Dentro de este caso, y teniendo en cuenta la declaración de Dorribo, la jueza de Lugo, Estela San José, decidió remitir el asunto al Tribunal Supremo al entender que podría afectar a Blanco, diputado y, por tanto, aforado. Dorribo acusó al ex ministro Blanco de cobrar comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran, a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad.

El empresario, propietario de Laboratorios Nupel, implicó en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones, además, a los exdiputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), quienes dimitieron una vez que las declaraciones de Dorribo se hicieron públicas.

En la exposición razonada que la jueza remitió al Tribunal Supremo se señalaba que la Fiscalía de Lugo apoyaría una investigación al ministro por un posible delito de tráfico de influencias derivado de la existencia de mensajes de móvil que vincularían a Blanco con un presunto trato de favor al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco.


 

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