Esa es la respuesta de la concelleira de Urbanismo a la Xunta. Carmela Silva ha recordado al gobierno autonómico, desde donde se ha demandado insistentemente al Ayuntamiento que ceda los terrenos para poder iniciar las obras de la Cidade da Xustiza, que es el ejecutivo gallego el que “tiene la obligación de comprar el suelo” y le recomienda que en caso de que no sea capaz de cumplir con las competencias en materia de Justicia, que han sido transferidas a la Xunta, que las devuelva al Gobierno central.
Silva se expresa en estos términos en un comunicado enviado a la prensa y le recuerda al ejecutivo de Feijóo que ya recibió los fondos para esta obra del Gobierno de España, por lo que resulta “obvio” que ha gastado ese dinero en otras cosas.
Este martes, el responsable del grupo municipal del Partido Popular subrayó que la Xunta lleva tres años consignando 15 millones de euros para esta obra y que, sistemáticamente, el gobierno local ha cambiado de postura sobre la Cidade da Xustiza. Chema Figueroa subrayó que la Consellería de Xustiza ha subsanado todos los inconvenientes que ha ido poniendo el alcalde y que a Caballero ya no le quedan excusas para ceder los terrenos. Figueroa, quien acusó al alcalde de dejar pasar inversiones para la ciudad sólo por su afán de enfrentarse a la Xunta, advirtió que la consignación de esa cantidad no es eterna y que el gobierno gallego podría decidir retirarla.
Por su parte, Carmela Silva incidió que el Concello no puede endeudarse para comprar el suelo, pero sí la Comunidad Autónoma y recalcó que el Ayuntamiento ya ofreció la tercera parte del terreno necesario para el valorado en 1,2 millones de euros, al tiempo que duda de que la ocupación directa, dado que hay viviendas, sea viable sin un acuerdo con sus dueños y señala que la Consellería de Xustiza dispone de más mecanismos para negociar “permutas u otro tipo de acuerdos que no supondrían un desembolso inmediato”.
Por último, Silva enfatiza que los terrenos de Ferrol y el edificio de A Coruña que fueron cedidos por sus respectivos concellos para nuevas infraestructuras judiciales eran públicos, “al igual que Vigo ofrece una parcela pública valorada en 1,2 millones” y avisa: “los tiempos en que la Xunta mandaba en Vigo y el Ayuntamiento obedecía ya acabaron”.
