Francisco Javier Guerrero concedió “en connivencia con otros, a sabiendas de su absoluta falta de competencia y omitiendo clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legalmente aplicable”, 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas a empresas que favorecieron a personas próximas a su entorno o al entorno de altos cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE.
Así de contundente es la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, en un auto de 36 páginas en el cual ordena el ingreso en prisión del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social del gobierno andaluz.
Para la jueza, el ex director general obró, “con total ausencia de procedimiento al ser el adecuado el de la subvención excepcional, según indicó repetidamente a la Consejería de Empleo la Intervención General de la Junta”, añadiendo que la finalidad de dicho convenio marco “y asumida por Guerrero era obviar los férreos controles de la Intervención de la Junta, pues conocía el inculpado, sus superiores y las personas que colaboraron con él que la subvención excepcional exigía un marcado control en la solicitud”.
