La pena para ellos sería similar a la de ‘malversación de caudales públicos’ y se incluiría en la reforma del Código Penal que tendrá que llevarse a cabo una vez se apruebe la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, previsiblemente a finales de este mes o principios del que viene.
Esta contemplará sanciones para aquellos cargos públicos que incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fije la Ley de Estabilidad Presupuestaria, comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación o no contabilicen las facturas pendientes.
Si al final se aprueba, los malos gestores cumplirían una pena de prisión de 3 a 6 años, además de ser inhabilitados para el desempeño de cargo público hasta un máximo de una década. En el caso de que la mala gestión se más grave, podrían pasarse hasta 8 años entre rejas y quedar apartados de cualquier cargo público para siempre.
Por supuesto, y aquí estaría el meollo de la cuestión, se tendría en cuenta la intencionalidad, el que se tratase de una negligencia grave en el ejercicio de sus funciones, que su actuación supusiese un quebranto a la Hacienda Pública o un claro perjuicio de los servicios que financia.
Al mismo tiempo, el Gobierno incluiría en la Ley de Transparencia mayores restricciones en las incompatibilidades de los ex altos cargos, empezando por los ministros, y que podrían pasar por la imposibilidad de cobrar un sueldo de cualquier administración si, al mismo tiempo, están trabajando en la empresa privada. Ello, para empezar, afectaría a todos los diputados y senadores, que hasta ahora podían compatibilizar sus obligaciones representativas con sus negocios u ocupaciones profesionales y, desde luego a los ex presidentes González y Aznar y a la ex vicepresidenta Salgado que, pese a estar en varios consejos de administración de grandes corporaciones siguen percibiendo sus pensiones de retiro por los cargos que ocuparon.
