“Una cosa es la existencia de una deuda tributaria, al igual que pueden tener miles de ciudadanos españoles y ahora mucho mas teniendo en cuenta la crisis, y otra es que haya fraude, entendiendo por ello la ocultación deliberada de datos que vaya en perjuicio propio de la hacienda publica”. Eso es lo que ha declarado este lunes el alcalde de Santiago durante una rueda de prensa que ha convocado para “hablar tranquilamente” de su situación.
Gerardo Conde Roa, ha reconocido que tiene una deuda con Hacienda, pero ha asegurado que no ha cometido ningún delito fiscal, porque “he ofrecido constantemente la información que me han pedido” las autoridades fiscales. El regidor ha recalcado que “el delito de fraude requiere el dolo especial de ocultar y no ha sucedido, sino justo lo contrario, se puso toda la documentación relativa a la empresa Geslander en manos de la Administración Tributaria. No hay fraude“, ha recalcado Conde Roa ante lo periodistas.
Hay que recordar que la Fiscalía presentó una querella contra él por fraude fiscal tras una denuncia de la Agencia Tributaria por no haber pagado 291.000 € del IVA por la venta, en el 2010, de 61 viviendas construidas por su promotora Geslander Proyectos de Edificación. El mes pasado, antes de que la querella fuera admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela y Conde Roa firmó un documento de conformidad en el que reconocía la deuda, algo que ha sido admitido hoy por él mismo, “ esa deuda está reconocida y firmada tras una larga inspección de unos diez meses aproximadamente”.
Gerardo Conde Roa ha sido citado para declarar como imputado en un supuesto delito contra la hacienda pública, exactamente, el artículo 305 del Código Penal establece que “el que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía”, lo que significa que el alcalde compostelano se enfrenta a pena de cárcel además de una multa que puede llegar a 1.746.000 €.
