Para esa asociación, el gravamen especial del 10% que se establece “es una tasa blanda” de las cantidades defraudadas, ya que en el 72% de los casos provienen de grandes fortunas y corporaciones. El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que esta amnistía fiscal atenta contra el principio constitucional de igualdad tributaria que, según el artículo 31 de la Comisión Europea, debe inspirar el sistema fiscal, ya que supone un “agravio comparativo” para los contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones fiscales, a los que se grava con tipos de hasta el 52% en el IRPF, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el fisco pagando un 10% y evitando intereses, recargos y sanciones.
Asimismo, afirma que “esta teórica regularización fiscal” choca frontalmente con los reiterados anuncios del Ejecutivo de potenciar la lucha contra el fraude, con el agravante de que será la cuarta amnistía fiscal de la democracia, “que a todas luces, resultará tan ineficaz para acabar con la economía sumergida como lo fueron las tres anteriores”.
Para Gestha, esta amnistía supone el reconocimiento implícito del Gobierno de la incapacidad de la Agencia Tributaria para luchar contra la economía sumergida. De hecho, entre 1980 y 2008 la bolsa de fraude se multiplicó por cuatro, hasta alcanzar un volumen de 245.000 millones de euros anuales (casi 41 billones de las desaparecidas pesetas), lo que representa un impago de impuestos de unos 89.000 millones de euros (14,8 billones de pesetas), más del triple de los recortes aprobados por el ejecutivo de Rajoy.
