Así de claro lo dejó ayer el presidente de la entidad quien, pese a ello, recalcó que no se dedicará a investigar la gestión de sus predecesores en el cargo. José Ignacio Goirigolzarri señaló que 15.600 millones de los 19.000 que debe inyectar el Estado a la entidad, “y que no son a fondo perdido” puesto que ganará dinero cuando Bankia sea rentable, se destinarán a sanear la cartera inmobiliaria o crediticia, lo que supone que 8 de cada 10 € que pongamos los españoles taparán préstamos o créditos concedidos por la entidad sin las suficientes garantías de cobro.
De esos 15.600 millones, algo menos de la mitad, 7.000, son para cumplir con las exigencias establecidas por el Ministerio de Economía en relación con la cartera inmobiliaria y 3.000 más, englobados en una partida extra, lo que suma 10.000 millones íntegramente destinados a cubrir operaciones relacionadas con el ladrillo.
Los más de 5.000 millones restantes servirán para cubrir préstamos que la desaparecida Caja Madrid concedió muy por encima de las garantías o de la solvencia de los particulares o las empresas que los solicitaron y que en términos bancarios se califican de dudosos: exactamente, 3.000 corresponderían a empresas y 2.000 a particulares.
