Y es que la Fiscalía Anticorrupción ni tan siquiera estudiará si, como se aseguraba en la denuncia presentada por el Movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, el Rey pudo haber cometido un delito de cohecho pasivo al haber aceptado que el empresario Eyad Kayali corriese con todos los gastos de su cacería en Botswana .
La denuncia se basaba en la doctrina del Tribunal Supremo de que una autoridad puede cometer el delito de cohecho impropio si recibe dádivas por razón de su cargo, sin que haga falta una contraprestación a cambio. Delito que, a juicio de los denunciantes, habría cometido el Jefe del Estado al aceptar la invitación del mencionado empresario.
Sin embargo la Fiscalía, que no entra a analizar el fondo del asunto, recalca que la persona del Rey es inviolable, como se establece en el artículo 56.3 de la Constitución, y no admite como argumento que esa inviolabilidad abarca, únicamente, los actos que realiza como Jefe de Estado, que son refrendados por el presidente del Gobierno o, en su caso, los ministros, no los que desarrolla en su vida privada, como fue el caso de la cacería de elefantes, y así lo reconoce la propia Casa Real que, en los momentos posteriores al accidente del Rey indicaba en un comunicado que se trataba de “un viaje privado”.
