No estamos intervenidos de la misma manera que Grecia o Portugal, pero el acuerdo de la Eurozona alcanzado esta madrugada impone a España rigurosísimas condiciones bancarias, fiscales y de supervisión. A cambio, se ha aprobado el rescate financiero, cuyo primer pago, 30.000 millones, de hará antes de finales de mes, y se amplía un año el plazo para cumplir el déficit, que deberá estar en el 3% en 2014, permitiendo cerrar 2012 en el 6,3%.
La primera medida inmediata es la subida del IVA que el Gobierno aprobará este viernes, a ella podrían sumarse el recorte de las pensiones, de las prestaciones por desempleo y de las cotizaciones a la Seguridad Social, eliminación de la desgravación por vivienda, además de la rebaja de un 10% del Salario Mínimo y el aumento de las horas de trabajo de los funcionarios, lo que permitirá el despido de decenas de miles de trabajadores públicos contratados.
Además, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional enviarán, cada tres meses, especialistas a Madrid para asegurarse de que España cumple sus compromisos, especialmente la contención del déficit. Para ello, el Gobierno deberá presentar, este mismo mes, un plan presupuestario bianual, es decir las cuentas de 2013 y 2014 y tendrá que tomar medidas “muy concretas” para controlar las cuentas de las Comunidades Autónomas.
Por lo que se refiere a los bancos, el acuerdo en el Eurogrupo, que se formalizará el próximo 20 de julio, acordó que los primeros 30.000 millones, sean, realmente, un préstamo al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo cual supone que computa como deuda, a un interés cercano al 4%, un punto más de lo anunciado en su día por el ministro De Guindos, y un plazo de vencimiento de algo más de 12 años que, aunque no está confirmado, podría llegar hasta los 15: tendríamos que devolver, realmente, 104.000 millones de euros antes del 2027.
Por si esto fuese poco, España pierde peso en el seno de Europa: no tendremos ningún consejero ejecutivo en el Banco Central Europeo (BCE), y será el alemán Regling quien presida el mecanismo permanente de rescate, pese a que España optaba también a ese puesto, lo que supone que se rompe el acuerdo, no escrito, de que España siempre tendría presencia en el órgano más influyente para la gestión de la crisis europea: el BCE, donde ya no nos sentaremos, al menos, hasta 2018.
