A.ALBALADEJO/ Y esa es sola una aproximación, ya que no es posible dar un dato exacto de lo que cuestan al estado los políticos… y es que en España no hay una sola institución que disponga del mismo. De ello debería ocuparse el Tribunal de Cuentas que, tiene como función “la fiscalización externa, permanente y consuntiva, que consiste en comprobar si la actividad económico-financiera del sector público respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía”, pero entre sus memorias no aparece nada relativo a este asunto.
El único informe fiable, conocido hace unas semanas y realizado por asesores de la Presidencia del Gobierno, refleja que en todo el Estado hay 445.568 políticos que detentan un cargo público, de los cuales 77.047 son electos; son, exactamente, 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán.
El resto, 368.521, ocupan puestos de confianza, es decir, son nombrados por los anteriores: desde secretarios de Estado, directores generales, subdirectores generales, delegados del Gobierno, subdelegados, consejeros de comunidades autónomas, directores y subdirectores generales de las mismas, jefes de gabinete, responsables de los departamentos de protocolo, prensa, asesores, directores y gerentes de empresas públicas y presidentes o directores de los 1.375 organismos de distintos tipos, que se consideran parte de la Administración, 219 de ellos dependientes directamente del Estado, y 1.156 de las comunidades autónomas, tales como el Consorcio para el Diseño la Construcción Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de Las Islas Baleares, la Agencia para el aceite de Oliva, el Comisionado para el Mercado de Tabacos, la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A o la Entidad Estatal del Suelo (SEPES).
Curiosamente, frente a estos 445.568 políticos, el Estado tiene en nómina 154.000 policías, 165.967 médicos y 19.854 bomberos, en total 339.821 personas en el ámbito de la seguridad y la salud que suman, en conjunto, 105.747 personas menos que cargos remunerados y que detentan puestos para los cuales se exige una titulación específica y haber aprobado una oposición, algo que no se exige en ningún ámbito del mundo político.
Pero, al grano, ¿cuánto cobran los cargos públicos españoles? Esta pregunta solo puede contestarse aproximadamente, puesto que al carecer de un ‘censo’ de políticos en nómina, no es posible dar una cantidad precisa. Sí hay una aproximación de la Agencia Estadística Europea, del año 2010, que establecía el sueldo medio de los cargos públicos españoles en 31.232 € anuales, unos 9.000 € más que el salario medio del país. Este número, multiplicado por los 399.336 políticos que se estima cobran realmente de las arcas públicas (hay que descontar a aquellos que no perciben cantidad alguna o cobran solo por asistencia a plenos, como concejales sin dedicación o diputados provinciales), daría una cantidad cercana a los 12.500 millones de euros (para los que aún piensen en pesetas, más de 2 billones de ellas) anuales.
Un ejemplo de cómo y en concepto de qué cobran los políticos
Por citar algún ejemplo de cómo es la remuneración de nuestros cargos públicos, tomemos a aquellos a los que hemos designado como nuestros representantes. Cada uno de los 350 diputados españoles, según los datos del Congreso, percibe 3.126,52 € al mes, distribuidos en 14 pagas, 43.771,28 € brutos/año que, una vez aplicada la correspondiente retención del IRPF, supone 27.576,28 € limpios al año (2.300 € netos al mes). A ello hay que sumar, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara Baja, los 35 diputados de Madrid cobran una paga extra de 839,70 € al mes (11.755 € al año) y los 315 de fuera de la capital, 1.760,75 € (24.650 euros al año), suplementos que se distribuyen en 14 pagas y que no tributan a Hacienda. A ello se añade una Tarjeta Taxi para desplazamientos en Madrid con un límite de 250 € mensuales, también libres de impuestos; 150 € al día si viajan al extranjero y 120 € si lo hacen dentro del territorio nacional. Ello supone que su nómina refleja un sueldo base de 27.576,28 € limpios al año, más 23.360,5 más en concepto de alojamiento y manutención, los 3.000 € de la tarjeta de Taxi y los 7.000 € anuales de dietas y desplazamientos (estos tres últimos pagos, libres de impuestos), de lo que resulta una cantidad de 77.137,78 € al año que, gracias a una más que generosa tributación, se quedan en 60.936,68 o, lo que es lo mismo, 5.090 € limpios al mes. A estas cantidades hay que poner los más de 5 millones que tiene asignados el Congreso para los viajes de sus señorías, pese a que no pagan por ir en barco, tren o avión…y ello sin perder de vista que cada comunidad autónoma, cada cabildo y diputación y cada ayuntamiento es libre para fijar el sueldo de sus cargos, sin límite alguno, de ahí que sea posible que el alcalde de Barcelona gane 109.000 € anuales y la alcaldesa de Madrid alrededor de 102.000, lo que los convierten en el 5º y 6º políticos que más ganan de España, a 30.000 € anuales del presidente Rajoy.
Los partidos deben 136,6 millones a los bancos que estos no le han reclamado
Un apunte final: los partidos políticos se gastaron en las últimas Elecciones Generales 66 millones de euros, de los cuales 41 fueron créditos concedidos por esas mismas entidades que hoy hay que rescatar y que, desde que empezó la crisis, han embargado alrededor de 60.000 viviendas dejando a 184.000 personas sin un techo propio… inexplicablemente, los partidos políticos han reconocido una deuda, pendiente, con los bancos de 136,6 millones de euros (22.000 millones de las desaparecidas pesetas)…que nadie les ha exigido, ni el propio Estado, dueño de facto, de varias de estas entidades.
