Por ello varias de ellas han denunciado al Govern de Artur Mas,este mismo martes, ante la Fiscalía de Barcelona. En la denuncia, la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) ha denunciado los impagos del mes de julio a entidades sociales anunciados por la Generalitat desde donde se ha señalado que el gobierno catalán no tienen liquidez para hacer frente a estas obligaciones, algo inaudito en la historia de la Democracia.
Los centros de atención recalcan que la falta de pago se traduce en la falta de atención a ancianos y discapacitados que viven en residencias concertadas con el gobierno catalán que, como anunció este lunes, no tiene dinero ni para pagar las nóminas de los empleados de estos centros ni para correr con los gastos corrientes de los mismos.
Sin embargo, Ascad argumenta que ese no es su problema y que la Generalitat está violando un derecho reconocido en la Ley de Dependencia al tiempo que recuerda a la Consellería de Economía que las personas que se verán afectadas han sido reconocidos por la administración como dependientes que requieren atención profesional, algunos de ellos las 24 horas del día, y con los impagos, no sólo no merman o eliminan dicha atención sino que se corre el riesgo de comprometer su alimentación y los cuidados higiénicos que precisan. “Se les va a privar no solo de la atención que ya ha sido considerada precisa, sino incluso de su alimentación e higiene”, manifiesta Ascad en su denuncia.
