La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, garantizó este miércoles que “ningún extranjero quedará desatendido” a partir de este 1 de septiembre -momento en el que entrará en vigor la nueva normativa sanitaria-, pero advirtió que quien no cuente con tarjeta sanitaria tendrá que abonar el coste de la asistencia que reciba.
Durante una reunión en Valladolid con consejeros de Sanidad de varias comunidades autónomas, Mato defendió las reformas llevadas acabo por su departamento en el Sistema Nacional de Salud porque, en su opinión, están suponiendo “un paso hacia la universalidad” ya que, por primera vez, todos los españoles y extranjeros con residencia legal en el país tienen garantizado el derecho a la sanidad, a través de la tarjeta sanitaria.
No obstante, indicó que está totalmente garantizado los tratamientos de urgencia y el seguimiento de los enfermos crónicos para extranjeros sin cobertura asistencial y sin residencia legal en España, así como la asistencia sanitaria a los menores y las mujeres embarazadas. “Nadie va a quedar desatendido, pero el que no sea titular de la tarjeta sanitaria deberá abonar dicha asistencia tal y como estaba previsto en la Ley General de Sanidad de 1986″, apuntó.
A partir de este sábado, más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria y con esta supresión el Ministerio de Sanidad espera ahorrar alrededor de 500 millones de euros.
Ésta es una de las actuaciones del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad pública, aquejada de una deuda de 16.000 millones de euros.
Numerosos profesionales de la sanidad se acogerán, a partir de este 1 de septiembre, a la objeción de conciencia para poder atender a los sin papeles.
Por cierto que con la entrada en vigor de esta normativa, un extranjero en situación irregular tendrá que pagar 710€ anuales para poder ser atendido sanitariamente.
