No paralizará los embargos en marcha, no será retroactiva, solo se aplicará a los casos más extremos y lo único que serviría es para obligar a los bancos, en algunos de los cuales el Estado tiene más de un 90% de su capital, a poner en alquiler ‘social’ una parte de sus inmuebles y a destinar otro porcentaje, pequeño, a realojar a personas desahuciadas. Esta es tan cacareada norma que han acordado el Gobierno y el PSOE para atajar los desahucios, para lo cual ha sido necesarios que miles de personas se quedasen en la calle y dos muertes.
Este mismo viernes, durante un mitin de campaña en Cataluña, el presidente del Gobierno, anunció que esperaba que la misma entrase en funcionamiento este mismo lunes, “estos días vemos cosas terribles, situaciones inhumanas, una persona se ha suicidado cuando la iban a desahuciar. Es un tema difícil, que hay que tomárselo con toda la seriedad y humanidad. El Gobierno está hablando con muchas personas, hemos hablado esta mañana con el PSOE. Espero que podamos hablar el lunes de la paralización temporal de desahucios que afectan a las familias más vulnerables”.
Este acuerdo no se parece, en nada, a lo solicitado por los jueces decanos de toda España y por el mismo Consejo General del Poder Judicial o la Defensora del Pueblo y permitirá a los bancos, que han creado una crisis que ha habido que afrontar recortando recursos en sanidad, sueldos públicos, educación, bienestar, pensiones, que han recibido más de 57.000 millones de las arcas públicas, a los que habrá que añadir los 60.000 del rescate de la UE, seguir echando a quienes no puedan pagar su hipoteca, reclamarles la deuda pendiente y vender los inmuebles. Poniendo un ejemplo práctico, los bancos pueden echar de su casa a una familia que ha pagado 120.000 € de un piso valorado en 240.000, reclamarle el pago de los 120.000 restantes y vender ese piso por 180.000 €.
Pese a ello, se ha sabido que varios ministerios se han resistido a acometer una reforma legal y se mantenía únicamente la opción de modificar el Código de Buenas Prácticas, flexibilizando los umbrales de exentos de desahucios. Y ello ha sido así después de la protesta de los bancos, algunos de ellos de titularidad pública, desde los cuales se decía que generalizando la limitación de los desahucios se corría el riesgo de provocar contagio de impagados.
Eso sí, como ha señalado el coordinador general de IU, Cayo Lara, para modificar esta norma han sido necesarios 7 años de crisis, cuando el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo, “en 15 días” para modificar la Constitución.
