No es más que eso: un gesto de cara a la galería después de que haya habido dos muertes. Ni el PP ni el PSOE, así lo han demostrado, han tenido el más mínimo interés en evitar que se produjesen decenas de miles de desahucios en todo el Estado por el impago de créditos hipotecarios. Ni antes ni después de que una parte muy importante de la banca española esté, de hecho, en manos públicas, lo que hubiese facultado a los gobiernos socialista, antes, y popular, ahora a tomar medidas inmediatas.
A ello se suma su rechazo a reformar el sistema hipotecario, poniendo los intereses de los bancos por encima del de las personas. Las pruebas de ello son las mismas oportunidades que han tenido para ello. La primera a principios de 2011: Esquerra Republicana (ERC) e Izquierda Unida (IU), presentaron en el Congreso una propuesta para que se modificase la norma abriendo la puerta a la dación en pago; PP y PSOE votaron en contra.
Lo mismo hicieron a mitad de año, con Zapatero aún en La Moncloa, en este caso a propuesta del Bloque Nacionalista Galego (BNG): el PSOE votó en contra y el PP, además de Convergencia i Unió (CiU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV), se abstuvieron cuando, en caso de haber apoyado dicha proposición, dado que los socialistas no tenían mayoría en la Cámara, la misma habría sido aprobada. El cinismo llegó a su punto más alto cuando, a propuesta del Gobierno, se creó una subcomisión parlamentaria encargada de estudiar esas reformas: dicha subcomisión no solo no ha aportado solución alguna, sino que no ha vuelto a reunirse desde hace meses.
En marzo pasado, con Mariano Rajoy ya en la Presidencia del Gobierno, el PP dijo ‘no’ a una moción de Izquierda Plural en la que se pedía la adopción de medidas urgentes para parar los desahucios y que se estudiase la dación en pago retroactiva. En la votación el PSOE abstuvo.
Días más tarde, el Ejecutivo, que podría haber obligado a los bancos participados por el Estado, empezando por Bankia, a paralizar los desahucios, aprobó el llamado ‘código de buenas prácticas para los bancos’, sin ningún carácter vinculante, en que únicamente recomendaba a estos que aceptasen la dación en pago en aquellos casos en las familias que viviesen en ellas tuviesen a todos sus miembros en paro. La recomendación no fue atendida prácticamente por ninguna entidad, pese a que el Estado había inyectado más de 57.000 millones al sistema financiero y se disponía a aceptar el rescate del mismo por parte de la Unión Europea…un rescate que, pese a que se dijo que no incidiría en la deuda pública, finalmente sí lo ha hecho, lo que ha obligado a aplicar recortes en Sanidad, Educación o Bienestar.
A estas negativas a propuestas parlamentarias, se suman otras. Entre ellas el bloqueo de Distintas Iniciativas Legislativas Populares impulsadas por distintas plataformas ciudadanas. Pese a que están recogidas en la Constitución y a que se han presentado centenares de miles de firmas, ninguna de ellas ha llegado a ser, siquiera, debatida en el Congreso de los Diputados.
Curiosamente, mientras esto sucedía, PP y PSOE sí se pusieron de acuerdo en la reforma de varios puntos del reglamento de las Cortes, sin embargo, ninguno de ellos contempla que los diputados que son elegidos en provincias de fuera de Madrid, sigan cobrando 1.800 € de ayuda para vivienda, pese a que la mayoría de ellos, incluido el propio ministro de Economía, tiene casa en la capital…es más, el mencionado reglamento les impide renunciar a dicha ayuda, como supimos cuando el diputado de Unión Progreso y Democracia (UPyD) por Valencia, Tony Cantó, quiso dejar de percibir la misma alegando que tenía piso en Madrid. No se le permitió y no le quedó más remedio que canalizar esa cantidad a una ONG.
