El pleno municipal de Vigo, convocado con carácter extraordinario para tratar el tema de los desahucios, ha aprobado, con los votos del PSOE y el BNG, pedir una moratoria de dos años y prorrogable a otros dos más, paralizando así la ejecución de los desahucios de viviendas habituales y el devengo de los intereses de demora; la dación en pago y los alquileres sociales para los afectados; cancelar las cuentas del Concello y rescindir contratos municipales con entidades financieras que ejecuten desahucios, impedir la participación de los agentes de la Policía Local en los desalojos por ejecuciones hipotecarias, así como a condicionar la apertura de cuentas futuras; a eximir del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a las familias sometidas a un procedimiento de ejecución forzosa y a crear una unidad de asesoramiento jurídico gratuito para afectados.
La Corporación, además, insta al Gobierno a que los activos inmobiliarios del denominado ‘banco malo’ contribuyan a la formación de un parque de viviendas de alquiler social; pide la paralización de todos los desahucios mientras no se modifique la ley hipotecaria, que esta norma tenga carácter retroactivo y que se abra la posibilidad de convertir la hipoteca en alquiler.
A ello se añade su solicitud a la Xunta para que demande al Gobierno la creación de un fondo económico para evitar el desamparo de los afectados que estén en situación económica extrema, que cree una oficina de asesoramiento, una bolsa de vivienda social y que restaure las ayudas a las hipotecas a los afectados de viviendas de Navia.
El voceiro del BNG, denunció que PP y PSOE no tomaron medida alguna contra este drama hasta que “hubo muertos”, al tiempo que criticó que ambos partidos no llegasen a acuerdo alguno sobre los desahucios. Además de ello, Santiago Domínguez, señaló que las medidas aprobadas por el Gobierno suponen “una nueva dictadura, la de los bancos capitaneados por Merkel y su general en jefe Rajoy”. A ello añadió que mientras que los ciudadanos son desalojados por no pagar a los bancos, habría que hacer lo mismo con el presidente del Gobierno “que no cumplió el contrato con los votantes y, por ello, hay que desalojarlo de La Moncloa”.
El portavoz del PSOE recalcó que “es el momento de buscar soluciones” ante la situación límite de muchas familias que, “además de perder su casa, son condenadas financieramente de por vida”.
Por su parte el líder del Partido Popular se mostró de acuerdo en que hay que atajar este problema y defendió la actuación del Gobierno central. Chema Figueroa confesó que puede que las medidas del Ejecutivo no sean suficientes,”aunque sí son preventivas”. Figueroa repitió que su grupo apoya esas medidas al tiempo que adelantó que trabajará para que la norma de desahucios tenga un respaldo jurídico que sea aplicable.
