El ex teniente de la Guardia Civil, condenado a 30 años de cárcel por rebelión militar y expulsado de la Benemérita, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el president de la Generalitat,Artur Mas, por “provocación, conspiración y proposición para la sedición”.
En una carta publicada por el diario ‘Melilla Hoy’, Antonio Tejero anuncia que presentó dicha denuncia el pasado día 20, coincidiendo con el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, al entender que Arturo Mas, como le llama, ha hecho “continuas y reiteradas pretensiones secesionistas de una parte importante de España como es el Principado de Cataluña”. Tejero lamenta “el silencio permisivo de los poderes del Estado, porque ni el Rey, ni el presidente del Gobierno, ni los Tribunales de Justicia ni el Ejército han tomado la menor medida para acabar con este contubernio formado por Arturo Mas y parte de los catalanes”.
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Además de ello, Tejero califica de “pecadores” a Mas, Josep Antoni Duran Lleida y Jordi Pujol, a los que castellaniza el nombre en su misiva al rotativo melillense, y afirma que “los que deben acabar con esa lacra son el rey, el Gobierno, la Justicia y la cúpula militar, en lo que le toca”.
Para quienes tengáis menos de 31 años, y no estabais vivos el 23 de febrero de 1981, señalaros que Antonio Tejero es un golpista que la noche de aquel día irrumpió, de manera ilegal, blandiendo una pistola, y al mando de al mando de unos 200 guardias civiles, en el Congreso de los Diputados, elegidos democráticamente, cuando estaba celebrándose el debate de investidura del nuevo presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo.
Este sujeto, secuestró a los representantes democráticos y al Gobierno, amenazó con su arma al presidente de las Cortes, ordenó disparar en el interior del hemiciclo, apuntó con su pistola al presidente Suárez, agredió al vicepresidente del Gobierno, Manuel Gutierrez Mellado, quien detentaba el grado de teniente general, y retuvo e incomunicó a los líderes de los principales partidos políticos.
Con ello, pretendía acabar con el sistema democrático en España, secundando la instauración de una dictadura militar. Por estas acciones fue procesado y condenado a 30 años de reclusión por un delito de rebelión militar consumado, un delito que en aquellas fechas podía ser castigado con la pena de muerte, con agravante de reincidencia, con pena accesoria expulsión del Ejército y la pérdida del grado e inhabilitación durante el tiempo de la condena. Cumplió la misma, inicialmente, en la prisión militar del Castillo de la Palma, en Mugardos, y posteriormente en el Castillo de San Fernando en Figueras y en Alcalá de Henares. En septiembre de 1993 recibió el tercer grado, saliendo en libertad condicional el 3 de diciembre de 1996,después de apenas 15 años de los 30 que tendría que haber permanecido entre rejas, y sin haberse arrepentido de sus actos, siendo el último de los procesados del 23-F en salir de prisión.
