Son José Luis Pego, ex director general de la entidad, Gregorio Gorriarán, responsable del Grupo Inmobiliario y el jefe de la Oficina de Integración, Óscar Rodríguez. Los tres han presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el que aportan los derechos económicos derivados de las pólizas de las pensiones que se les concedieron cuando estaban en la cúpula directiva de la entidad, como aval para cubrir las fianzas que el instructor les impuso el pasado 6 de noviembre.
José Luis Pego, ha hecho frente, así a una fianza de 1.925.222,90 €; Gregorio Gorriarán, ha avalado 1.218.136,53 €; y Óscar Rodríguez Estrada, 347.920,02 euros, los tres, además, han presentado un de apelación contra el auto por el que el juez Moreno les impuso estas fianzas, así como otra de 7.021.352,57 € al ex director general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes.
El objetivo de estas fianzas es hacer frente a las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de la causa en la que se investigan las prejubilaciones millonarias que se concedieron estos cuatro exdirectivos y el expresidente Julio Fernández Gayoso, al que el juez declaró responsable civil solidario.
Según la Fiscalía Anticorrupción, estas cantidades son las que habrían percibido irregularmente más lo que tenían previsto ingresar si el plan de cobros hasta su jubilación hubiera seguido adelante. Si no hubiesen presentado estos avales, el juez ordenaba en un auto el “embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder de las sumas que se les reclama”. Los cinco exdirectivos están imputados en la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.
