El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó seis décimas en noviembre, hasta situar su tasa interanual en el 2,9%, según el indicador adelantado sobre la evolución de los precios en España publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Ello significa, además de la bajada de los precios, que el Estado tendrá que afrontar un gasto extra de 3.700 millones de euros para hacer frente al coste de revalorización de las pensiones, que se calculan teniendo en cuenta el coste de la vida de este mes. La mitad de esos 3.700 millones se destinará a compensar a los pensionistas por la desviación de los precios en relación con su paga, lo que significaría un incremento del 1% en lo que cobran de jubilación. La otra mitad deberá destinarse la consolidación de su nómina.
La pregunta es si el Gobierno afrontará esa revalorización en medio de una batalla sin cuartel para contener el gasto público, y tras las recomendaciones del Fondo Monetario y la Unión Europea para que congele las pensiones, como ya han hecho otros países del la UE, Grecia entre ellos.
En este aspecto no hay un criterio unánime en los miembros del Ejecutivo. El presidente Rajoy aseguró hace unas semanas que esperaría al dato conocido hoy para tomar una decisión sobre la revalorización de las pensiones, mientras que el ministro De Guindos, hace dos meses, no quiso desmentir que el Gobierno pudiese optar por congelarlas, siguiendo las recomendaciones que hizo, en mayo, la Comisión Europea, en las que, casi exactamente, estimaba que si se tomaba esta decisión España ahorraría alrededor de 4.000 millones de euros.
¿Cuándo se cobraría esa paga compensatoria? Habitualmente los pensionistas la tienen ingresada, en un pago único por todo el año, en la nómina del mes de enero pero, la ley no obliga a ello, sino que establece como fecha final el 1 de abril, por lo cual el pago podría repartirse a lo largo del primer trimestre del año que viene o hacerse todo junto a finales de marzo.
