Habría que irse a los años anteriores a la llegada de Nestor Kirchner a la Presidencia de Argentina, a México a la Rusia de hace una década o, ya más cerca a Georgia, para encontrar unos resultado similares a los que refleja el sondeo publicado este domingo por el diario El País. De acuerdo con el mismo, elaborado por Demoscopia, el 95% de los ciudadanos cree que los partidos políticos encubren a aquellos de sus miembros relacionados con casos de corrupción.
El 96% de los españoles también estima que los niveles de corrupción política son muy elevados, y un 92% asegura que la Justicia es ineficaz para combatir la corrupción y lenta en su acción.
Para el 87%, además, el único mecanismo de repulsa por parte del ciudadano está en el voto, castigando a las formaciones en cuyas listas aparezcan nombres ligados a investigaciones por corrupción.
3.000 políticos españoles investigados o imputados
En ello, sin duda, ha influido el hecho de que la corrupción afecta a más de 3000 políticos españoles, en especial de los dos partidos mayoritarios, el Popular y el Socialista, que haya llegado a instituciones como el Tribunal Supremo, la Casa Real, con el ‘caso Urdangarín’, la gestión de las cajas de ahorros, a cargo de las comunidades autónomas y, más recientemente, la admitida financiación irregular de Unió Democrática de Catalunya (UDC), cuyo presidente, Josep Antoni Durán i Lleida, uno de los políticos mejor valorados en las encuestas, se ha negado a dimitir por la misma.
Entre los escándalos más sonados están los que afectan a las Baleares. Uno de ellos, el caso Nóos, ha supuesto que, por primera vez en 37 años un miembro de la Familia Real, el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, vaya a sentarse en el banquillo de los acusados y que el nombre de su mujer, la hija menor del Jefe del Estado, haya aparecido varias ocasiones en la instrucción del mismo y que, incluso, se haya pedido su procesamiento.
En Baleares el número de imputados por corrupción supera el centenar, entre ellos el ex presidente de la comunidad y ex ministro Jaume Matas, acusado de hasta una docena de delitos, alguno de los cuales salpica a su propio partido, el Popular.
Los casos de corrupción también se han dejado sentir en Valencia: hay nueve diputados imputados por delitos de corrupción; el alcalde de Torrevieja renunció a su escaño después ser condenado a tres años, por el mismo motivo dimitió el conceller de Hacienda, también el president de la Generalitat, Francisco Camps, apenas unos meses después de ser elegido por mayoría absoluta, y el secretario general del PPdV. Todos ellos se vieron salpicados por la ‘trama Gürtel’, por la que ha llegado a imputarse a 80 personalidades.
También ha ocurrido en Andalucía, que siempre ha estado gobernada por los socialistas, han alcanzado una gran repercusión pública los casos de Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos. Hay 70 implicados.
La corrupción en torno a terrenos que se declaraban edificables a cambio de cuantiosos sobornos se despliega en los 8.000 municipios del país. Están imputados 50 ex alcaldes y 30 intendentes actuales.
Además, hay decenas de concejales imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas.
Galicia, destaca
En Galicia hay varios procedimientos abiertos, desde el ‘Caso Campeón’, la presunta concesión de subvenciones irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos, en la que fueron detenidas 15 personas, entre las que figura el empresario farmacéutico lucense Jorge Dorribo y dos directivos del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE). Durante su investigación se han realizado registros en empresas y domicilios particulares, han sido imputados diputados de PP, PSOE y BNG, además del ex ministro de Fomento, José Blanco, tras las declaraciones hechas por Dorribo, al afirmar que se reunió con el ministro en una gasolinera lucense, previo pago de 200 000 € al primo de Blanco con el fin de de que éste acelerara gestiones a su favor en el Ministerio de Hacienda y de Sanidad.
También sigue adelante el ‘Caso Pokemon’, una veintena de empresarios, funcionarios y políticos de los tres principales partidos, han sido hasta ahora involucrados de una u otra manera en la supuesta trama de corrupción en torno a contratas municipales investigada por la titular del jugado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara. Entre ellos están el propio alcalde de la capital lucense, el socialista José López Orozco, el ex alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE) , el de exalcalde de Boqueixón (A Coruña) Adolfo Gacio, del PP y el primer edil de Santiago, Ángel Curras (PP), entre otros.
Además de ellos, durante la ‘Operación Orquesta’, abierta por supuestas adjudicaciones irregulares de obras, fueron imputados a los alcaldes de Fisterra, José Manuel Traba (PP); Mazaricos, José Manuel Santos (PP); Corcubión, Francisco Javier Lema (PSOE), y al entonces regidor de Cee, Ramón Vigo (independiente), además de a tres concejales, dos empresarios, una técnica municipal y la empleada de una constructora.
A ellos hay que añadir los más recientes como el del ex alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, que se vio obligado a dimitir, unos meses después de ser elegido por mayoría absoluta, por un delito fiscal al considerar el juez que “no ha presentado declaración del IVA, ni ha abonado dicho impuesto, superando claramente la cantidad devengada a favor de la Hacienda Pública y no ingresada, los 120.000 euros”; o el ex presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar Pumar, que deberá declarar como imputado por la presunta contratación irregular de hasta 104 personas,
A ellos se suman otros casos aún más sangrantes, como los de Novacaixagalicia, donde la Audiencia Nacional ha decidido el embargo de los bienes de varios de sus ex directivos, entre ellos su copresidente Julio Fernández Gayoso, para garantizar la fianza por la presunta gestión irregular de la misma con el pago de indemnizaciones millonarias; algo similar a lo que se está investigando en Bankia y CAM, en los que están imputados ex miembros de sus consejos de administración que han ostentado cargos públicos, entre ellos los ex ministros Rodrigo Rato y Angel Acebes, ex secretarios de Estado, ex diputados o ex alcaldes.
